El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha planteado que PP y PSOE sumen fuerzas, y lo hagan desde el plano autonómico con carácter previo, de cara a avanzar hacia un nuevo sistema de financiación que apuntalado en el bipartidismo pueda evitar los «chantajes» que, a su juicio, interponen los principales partidos del independentismo catalán.
Durante la rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes, García-Page ha indicado que se han abordado los cuatro principales temas «con matices» y, en alusión a la financiación, ha relatado que él mismo ha transmitido en la mesa «con claridad» lo mismo que ya le dijo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa y que ya expresó en el Congreso Federal de Sevilla, y es que la riqueza «es nacional, no solo porque lo dice la Constitución».
Con esta premisa, ha abundado en que no va a aceptar que la riqueza de Castilla-La Mancha «sea solo de Castilla-La Mancha», como no lo hará con ninguna otra región, defendiendo que se dé una parte de ella al Estado. «Si no se entiende esto, el caos». Algo que ha argumentado en el transcurso de la reunión y que, según ha dicho, no ha sido rebatido en ningún momento.
A su juicio, «ninguna región puede hablar con el resto de España como si fuera propietaria de su PIB», y ahora la financiación que se puede pedir ha de ser la que venga a pagar los servicios públicos «de manera sensata».
Por todo ello, «solo puede negociarse un modelo único y no caben modelos aparte, ni complementarios, ni singulares» para el líder del Ejecutivo regional.
UN MODELO QUE «URGE»
Este modelo único ya «urge» por «la simple cuenta» de que en 10 años de retraso para actualizar la financiación autonómica, «el Estado ha incrementado sus ingresos el doble que las autonomías», por lo que las arcas estatales son el único beneficiario de retrasar la actualización del formato.
Con estos ingredientes, ha planteado que en el próximo trimestre el Gobierno de España «presente, al menos, un borrador oficial sobre el que empezar a discutir», y si falta ese primer paso que «perimetre» la discusión, «es que no hay voluntad de abordar la financiación autonómica».
Ha reparado en que todos los modelos de financiación de la historia reciente recogen «singularidades», algo que «se entiende bien», y ahora toca hablar de esas singularidades para que queden «sintetizadas» en una fórmula en torno a la «población ajustada», es decir, tener en cuenta lo que cuesta prestar un servicio.
«Si no quieren interpretaciones ni de Estado ni de autonomías, podríamos acudir a otros organismos como la AIReF para que determine cuál es el coste real de las autonomías para la prestación de servicios», ha indicado.
Con todo, el modelo «no va a salir adelante» con «más cupos de los que ya existen», y toca discutirlo «desde la progresividad» y en un camino en el que ha de haber «un gran acuerdo de las dos grandes fuerzas políticas, PSOE y PP», ya que, en caso contrario, «solo saldrá adelante el modelo que quiera Puigdemont o Esquerra Republicana», ha apuntado.
Tras asegurar que en todo caso la caja de España «no la puede romper el Gobierno» de forma unilateral aunque quisiera, ha señalado que esa suma de fuerzas entre PP y PSOE puede esquivar los bloqueos y «chantajes» del independentismo catalán, algo factible a su juicio ahora que el PSC gobierna en Cataluña.
«Las autonomías, del PP y del PSOE, compartimos muchas cosas. Si fabricamos un preacuerdo, se aprobará por PP y PSOE en el Congreso y evitaremos el chantaje permanente», ha dicho.
Con esta propuesta en la mesa de Santander, donde el ambiente –ha admitido– «ha sido muy frío», ha apelado a llegar a un consenso.
«LA DEUDA NO SE EVAPORA»
Sobre la posibilidad de que el Estado asuma parte de la deuda de las comunidades autónomas, ha reparado en que esa deuda «no se evapora, solo cambia de manos», pero ha pedido tener en cuenta con trato favorable a las cuatro comunidades autónomas más infrafinanciadas –Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Murcia–.
Ha avisado en este punto que si la nueva financiación se retrasa, el único que ganará será el Ministerio de Hacienda, «que ingresará el doble». Por tanto, y teniendo en cuenta que «la brecha es cada día mayor», ha alertado de que, en caso de retrasarse su aplicación, habrá que plantear reparar la infrafinanciación con carácter retroactivo.
ANTIGUOS HOSPITALES PARA VIVIENDA
Sobre la discusión en torno al problema de la vivienda, ha comentado el decálogo que ha presentado ante el resto de presidentes autonómicos, al tiempo que ha propuesto los terrenos de los hospitales que en la Comunidad Autónoma se han quedado o se quedarán vacíos tras las mudanzas a nuevas instalaciones –situados en Toledo, Cuenca y Ciudad Real– para que el Estado, propietario de estos terrenos, construya nuevas viviendas.
Ha propuesto reflexionar sobre la ley vigente, toda vez que fue aprobada «con Bildu y ERC demonizando el sector inmobiliario» y que vio la luz verde sin los apoyos de PNV o Junts.
«Podemos discutir cómo gestionar el parque actual, pero eso no impide que lo más gordo es la cantidad de viviendas que quedan por hacer», ha indicado, alegando que «se trata de hacer no menos de 200.000 viviendas al año en los próximos seis ejercicios».
Ha pedido también aquí esa suma de fuerzas entre PP y PSOE para articular estrategias de liberación de suelo. La vivienda es, «como mínimo, un derecho que tienen que garantizar los servicios públicos», pero también «un bien de mercado», por lo que lo importante es «garantizar el suficiente número de viviendas para que bajen los alquileres, aprovechando que ahora bajan los tipos de interés.
EL «DESASOSIEGO» DE LA INMIGRACIÓN
En cuanto a inmigración, ha propuesto una reunión de trabajo entre la parte ministerial y los presidentes más afectados, ya que «no hay tanta distancia» entre las opiniones de unos y otros, independientemente de su militancia.
«Es un problema de desasosiego porque no se ve el final. Estamos hablando de cómo gestionar 100.000, y a lo mejor en un año hablamos de cómo gestionar un millón», ha añadido.
Cabría por tanto «un Pacto de Estado» frente a las «interferencias políticas» de Vox que, a su juicio, han provocado que un posible acuerdo se desbarate.
