El presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha querido marcar distancia de las comunidades autónomas del PP que este lunes, al igual que Castilla-La Mancha, presentaron recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Tras asegurar que los ejecutivos del PP «buscan desalojar al PSOE» de la Moncloa, ha defendido que el recurso de su Gobierno se ampara en «planteamientos absolutamente distintos».
Tras asegurar que esta respuesta en bloque del PP no le parece positiva, pues «cada comunidad autónoma ha de ejercer su responsabilidad autónomamente», ha cuestionado que dichas comunidades hubiesen recurrido en caso de ser el PP el que ocupara la Moncloa.
Dicho esto, el titular del Gobierno de Castilla-La Mancha ha justificado su recurso en que dicha norma «rompe el sistema constitucional que da amparo a las autonomías, dejando en segundo plano lo que son valores superiores como el de la igualdad», y en que cuando se estaba redactando la Constitución, por dos veces, se rechazó que tuviese cabida.
«Mi planteamiento, desde el punto de vista político, es el mismo que tenía el gobierno en pleno, antes de verse obligado por el chantaje de Junts», ha dicho, arremetiendo contra el Gobierno central.
Preguntado sobre si el recurso de Castilla-La Mancha es un desafío para la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, ha dicho que confía en «la profesionalidad de los magistrados y magistradas del sistema judicial».
«Hemos visto casos de todos los tipos. Algunos han atacado al anterior Tribunal Supremo muchísimo, sin darse cuenta de que ese Tribunal Supremo es el que condena», ha dicho García-Page, que ha recordado que composición actual de dicho tribunal está pactada entre el PSOE y el PP.
«Que nadie olvide que Conde Pumpido y todos los demás están ahí como consecuencia de un acuerdo con el Partido Popular. No estaba Feijóo, pero es el mismo partido y el gobierno».
Preguntado por si ha recibido «alguna llamadita» de Ferraz para que no registrase dicho recurso, ha aseverado que en el PSOE «desde hace tiempo» le han dado «por perdido», y ha reiterado que su Ejecutivo lo ha presentado porque está convencido de la inconstitucionalidad de la norma.
«Lo he hecho después de pedir asesoramiento a los órganos consultivos más importantes de la región, el Consejo Consultivo y el Servicio Jurídico», ha defendido el presidente de Castilla-La Mancha, que ha insistido en que le gusta «cumplir» con lo dicho, y esta norma perjudica a su región y al sistema constitucional de convivencia.
