El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE y PP y el rechazo de Vox, el dictamen sobre el proyecto de Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, una norma que ha salido ratificada por los grupos mayoritarios para impulsar y garantizar la integridad en la gestión del Gobierno regional y sus empresas y consorcios con participación pública.
También para que «la corrupción no tenga cabida en la Administración autonómica, con la transparencia como mejor instrumento de prevención», según han defendido los impulsores de esta norma, con el Gobierno de Castilla-La Mancha al frente.
En contraste, el grupo parlamentario de Vox ha votado en contra al considerar que PSOE y PP «han metido por la puerta de atrás» un par de enmiendas que, a su juicio, introducen una «paguita dorada» para altos cargos y políticos tras el cese en su actividad. Además, sus propias enmiendas han sido rechazadas tanto por socialistas como por ‘populares’.
En el transcurso de la sesión plenaria, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha recordado que el objetivo de esta ley es impulsar y garantizar la integridad en la gestión de la Junta y que «la corrupción no tenga cabida en la administración pública con la transparencia como mejor instrumento de prevención».
En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido pionero en la regulación de estos asuntos, con una serie de normas aprobadas desde el año 1983. Según Guijarro, esta nueva ley «cierra la estructura jurídica» en materia de integridad política «al nivel más alto de exigencia».
En este sentido, ha recordado algunas de las novedades de la ley, como nuevas obligaciones a los altos cargos en la declaración responsable, la obligación de los miembros del Consejo de Gobierno de presentar una declaración de patrimonio en el mismo momento de la convocatoria electoral, la regulación de conflicto de intereses tutelada por la nueva Oficina de Integridad o la habilitación del Canal Externo de Información gestionado por el Consejo de Transparencia.
La ley regula igualmente el régimen sancionador, que va desde una amonestación hasta el cese en el cargo público.
UNA LEY PARA LOS NUEVOS TIEMPOS
Como ponente ha intervenido la diputada socialista Isabel Abengózar, quien ha defendido la norma como una herramienta para «mejorar la calidad democrática y adaptar la normativa autonómica a los nuevos tiempos y códigos de conducta de la sociedad».
En el apartado del debate de enmiendas, el diputado de Vox Luis Blázquez ha rechazado la ley esgrimiendo que, aunque es necesaria una normativa que luche contra la corrupción, esta llega tarde y «enmascara un perverso y oscuro motivo», que a su juicio es «una paga VIP, una paguita dorada» para altos cargos y políticos en los dos años posteriores a su cese de actividad, «que podría suponer más de 20 millones de euros a las arcas públicas de Castilla-La Mancha».
Consecuentemente, se ha opuesto a esta conducta «indecente e inmoral» de los partidos mayoritarios, ya que considera que han introducido estas prestaciones «por la puerta de atrás, lo que convierte a esta ley en una ley de todo menos de integridad».
Las acusaciones de Vox han tenido respuesta por parte de Isabel Abengózar como defensora del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales sobre este proyecto de Ley y del propio vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro.
LA «DEMAGOGIA» DE VOX
Ambos han denunciado la postura «disparatada y demagógica» de Vox, una formación, que, a su juicio, «va a votar en contra de esta ley porque no comulga ni con la transparencia ni con la calidad democrática, y que además no soporta que gente de origen humilde llegue a las instituciones, ya que representa a quienes han gobernado en este país por 40 años».
Así, Abengózar ha acusado a Vox de ejercer una «clase magistral de hipocresía para torpedear las instituciones porque realmente no cree en ellas» y ha criticado su incongruencia «porque se rodean de un séquito de asesores, aprovechándose del dinero público, y cobrando con dedicación exclusiva en las instituciones a las que han accedido».
En este sentido, tanto Martinez Guijarro como Abengózar han lamentado que Vox quiera fabricar «fake news» sobre esta nueva ley, «ya que lo que establece realmente es una prestación por desempleo, como la puede tener cualquier ciudadano, para los altos cargos que no pudieran volver a sus puestos de trabajo por incompatibilidad».
En este sentido, Martinez Guijarro ha desmentido rotundamente que esta prestación pueda suponer un costo de 20 millones de euros, ya que la inmensa mayoría de estos altos cargos, en la actualidad 132, o son empleados públicos o trabajan en empresas que no implican incompatibilidad.
APOYO DEL PP
En los mismos términos de defensa de la ley se ha manifestado la diputada del Partido Popular Tania Andicoberry, quien ha lamentado la «demagogia» de Vox y su «falta de coherencia».
La parlamentaria ha adelantado su voto de confianza hacia una ley «que garantizará uno de los objetivos prioritarios de la formación, la integridad política y la transparencia, toda vez que el PP trabaja por los derechos de todos los ciudadanos, y también por quienes se dedican a la política».
A juicio de los ‘populares’, esta Ley de Integridad Política es una oportunidad para avanzar en la transparencia y en la buena imagen de la clase política en un momento en que es necesario «dignificar» a los gestores públicos, y más sí se está haciendo desde las Cortes de Castilla-La Mancha «desde el consenso político y la altura de miras, todo para luchar contra el fraude y la corrupción».
