El Gobierno de Castilla-La Mancha ha cerrado su estructura jurídica en materia de integridad de sus altos cargos en la gestión pública con una nueva ley que, según prevé el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, será aprobada por las Cortes regionales en este periodo de sesiones.
Se trata del proyecto de ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, y que será remitida en breve a las Cortes de Castilla-La Mancha para su tramitación parlamentaria y aprobación «con el máximo consenso posible».
«Castilla-La Mancha ha sido, desde su origen, una comunidad autónoma pionera en materia de transparencia en la gestión pública», ha defendido el vicepresidente primero, quien ha recordado que esta nueva ley cierra el entramado jurídico para garantizar la honestidad en la gestión pública, la transparencia de la gestión, y el buen gobierno y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en aquellos asuntos que son de su interés.
En la primera legislatura se aprobó la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en la segunda legislatura la Ley de Participación Ciudadana y, en esta tercera, se aprobará la Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha.
Una de las novedades de la ley es la definición de una manera más clara del ámbito de aplicación subjetiva de las obligaciones que pone el texto, es decir, una definición más clara de qué se entiende por alto cargo.
«Estamos hablando, por supuesto, del Consejo de Gobierno, de todos los órganos directivos de asistencia y de apoyo, viceconsejerías, direcciones generales de la estructura del Gobierno regional, pero también todas las personas que, o bien son presidentes, directores generales, directores gerentes, de cualquier ente público que forma parte del sector público regional, bien sea un organismo autónomo, una entidad pública, una empresa pública o una fundación».
Esta ley también afectará a todas aquellas personas que tengan un contrato de alta dirección o que sean personal directivo en aplicación de la Ley de Función Pública de Castilla-La Mancha.
NUEVAS OBLIGACIONES PARA LOS ALTOS CARGOS
Una ley por la que se otorgan funciones de control y vigilancia a la Oficina de Integridad –ya existente– y que establecerá nuevas obligaciones a los altos cargos como la de presentar en el momento de la toma de posesión una Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que pueda afectar a su dedicación exclusiva a la gestión pública.
Esta declaración se unirá a la de Actividades, Bienes y Rentas, que se viene ya realizando, teniendo la Oficina de Integridad la función de comprobar la veracidad de la mismas.
En el caso de que se encuentre alguna incompatibilidad, hay un plazo de un mes de que se toma posesión para resolverla. En el caso de no resolverse esa incompatibilidad, esa persona debería abandonar el cargo público. Además, se crean dos registros, el registro de actividades y el registro de bienes y derechos de los cargos públicos.
«En nuestra comunidad autónoma el patrimonio de los cargos públicos es conocido porque se publica en el Diario Oficial todos los años con esas declaraciones de bienes», ha recordado Martínez Guijarro.
También los altos cargos regionales estarán obligados a inhibirse en las tomas de decisiones que puedan favorecer a empresas o entidades privadas en las que pueda haber un conflicto de intereses, por estar involucrados en las mismas familiares o personas que puedan condicionar la toma de decisión, estando obligados a comunicar la abstención a la Oficina de Integridad para que conste en el Registro de Actividades que crea ley y que gestiona la Oficina.
Además, tras cada convocatoria de elecciones, todos los miembros del Gobierno regional deberán hacer una declaración específica sobre su situación patrimonial en ese momento ante la Oficina de Integridad, que evaluará la información y emitirá un informe que refleje las diferencias observadas entre la situación patrimonial en el momento del nombramiento y el momento de la convocatoria, así como la congruencia entre ambas situaciones, informe que será publicado en el Portal de Transparencia. Esta declaración también podrán realizarla de forma voluntaria el conjunto de altos cargos de la Administración regional.
Igualmente, los altos cargos estarán obligados, tras el cese, a declarar ante la Oficina de Integridad el desempeño de actividades privadas que quieran desarrollar para que pueda comprobarse que no realizarán, en un plazo de dos años, actividades para empresas en las que hayan tenido una intervención en expedientes de subvención o contrataciones, con el fin de evitar las llamadas puertas giratorias.
RÉGIMEN SANCIONADOR
También se introduce un régimen sancionador para el incumplimiento de las obligaciones, que puede ir desde la amonestación hasta el cese y la inhabilitación para cargo público durante cuatro años en el caso de las faltas muy graves.
La ley también establece los mecanismos «a los que nos obliga una directiva europea y la ley estatal del año 2023 que regula la protección de las personas informantes». Se trata, según ha detallado el vicepresidente, de la regulación de los canales tanto interno como externo de posibles denuncias sobre actuaciones que alguien puede considerar que son irregulares.
Hay un canal interno que es la propia oficina de integridad pero hay un canal externo al que cualquier ciudadano se puede dirigir y en el caso de la Comunidad Autónoma se ha designado al Consejo de Transparencia, que no forma parte de la estructura del Gobierno regional, sino que es un órgano dependiente de las Cortes de Castilla-La Mancha como canal externo al que se puede dirigir cualquier ciudadano de la comunidad autónoma.
Esta ley, según Martínez Guijarro, hace que Castilla-La Mancha siga «en la vanguardia» en materia legislativa de la transparencia, de la cercanía y de la integridad en la gestión de los asuntos públicos de la Comunidad Autónoma.
