Los responsables de Hacienda de la Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla- La Mancha y Galicia han reclamado este miércoles que la reforma del sistema de financiación autonómica es «inaplazable» para que las comunidades puedan garantizar con «equidad» los servicios fundamentales y han insistido en que se aborde ya de forma consensuada entre todas las regiones, si bien reconocen las «diferencias» de criterio.
Los consejeros de las cuatro comunidades han atendido a los medios antes de participar en València en la XI Jornada RIFDE sobre financiación autonómica, que ha reunido a responsables políticos, académicos e investigadores de instituciones como Fedea, AIReF o el Ivie. En concreto, han intervenido la consellera valenciana de Hacienda, Ruth Merino; el consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia, Mihuel Gorgos; su homólogo en la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, y el titular de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz.
Por un lado, Ruth Merino ha reconocido la «diversidad de opiniones» sobre el modelo pero ha destacado el objetivo de lograr «la igualdad entre todos los españoles a la hora de hacer frente a sus necesidades básicas». Sobre las reivindicaciones de la Comunitat, ha señalado que «lo principal es que tras muchos años muy lejos de la media de financiación se han ido generando unos déficits y una deuda que lastra muchísimo», por lo que se debe abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en la Conferencia de Presidentes, con «trabajos técnicos objetivos hechos por expertos».
Merino ha subrayado que «lo importante es ponerse a trabajar» y que el Ministerio de Hacienda «es quien tiene la batuta», mientras que cada comunidad tiene que trabajar «defendiendo sus necesidades, pero todos dispuestos a ceder, como la Comunitat Valenciana, porque no se puede ir a máximos en un tema como este». «No puede perder ninguna comunidad», ha añadido.
Asimismo, ha indicado que la Generalitat Valenciana «seguirá insistiendo» en el fondo de nivelación transitorio mientras no se aborde la reforma. Sobre si hay tensiones de tesorería en la Comunitat, Merino ha señalado que, por no actualizarse las entregas a cuenta, cada mes deja de percibir cerca de 90 millones de euros, que se suman a su «déficit crónico por la infrafinanciación», y «evidentemente se producen tensiones». Esta tensión «puede llegar» a afectar a los pagos de la Generalitat y no tiene «ninguna comunicación oficial» sobre alguna solución a esta situación.
CLM: «ES MÁS LO QUE NOS UNE QUE LO QUE NOS SEPARA»
Desde Castilla – La Mancha, el consejero Juan Alfonso Ruiz ha remarcado que es «prioritario negociar un nuevo modelo» y que «es más lo que nos une a las comunidades autónomas que lo que nos separa». Ha defendido que se convoque una Conferencia de Presidentes para abordar las reivindicaciones de su comunidad y la reforma del modelo de financiación. Ha apostado por que sea un comité de expertos independientes quien, tras consultar con las CCAA, haga una propuesta que se debata en el CPFF.
Ruiz ha defendido la necesidad del fondo transitorio y ha indicado que Fedea lo cifra en 3.000 millones. También se ha mostrado partidario de «proceder cuanto antes a una reestructuración o condonación de deuda» y ha defendido que debe ser la AIReF la que diferencie qué parte se corresponde a la infrafinanciación.
Asimismo, ha pedido que «las comunidades que no son de régimen común, como el País Vasco y Navarra, aporten más en términos de solidaridad de lo que vienen haciendo hasta ahora»; ha pedido un «reparto equitativo» entre el dinero que gestiona la Administración del Estado y las administraciones autonómicas y locales; «armonización fiscal» y «revitalizar» el Fondo de Compensación Interterritorial.
En la misma línea, ha señalado que el presidente de Castilla – La Mancha, Emiliano García-Page, ya reclamó por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «hacer efectivo el principio de lealtad institucional, de tal manera que cuando se tomen decisiones a nivel estatal que afecten a los ingresos o a los gastos de las comunidades autónomas, vaya acompañado de la necesaria financiación». También ha abogado por la «armonización fiscal» para evitar la competencia «desleal».
Preguntado por las entregas a cuenta, ha señalado que su comunidad no tiene tensiones financieras. «Yo no tengo prisa, pero sé que antes del final de año se va a solucionar», ha indicado.
MURCIA: «LO QUE FALTA ES VOLUNTAD POLÍTICA»
El titular de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, ha destacado que las cuatro administraciones han coincidido en que la reforma del modelo es «inaplazable» y debe «acometerse a la mayor brevedad posible» porque «estamos poniendo en juego la prestación de servicios públicos fundamentales». A su juicio, «lo que falta es voluntad política» por parte del Gobierno central».
Como se trata de un trabajo «arduo» que «no se puede exigir que se realice en el corto plazo», ha abogado por poner en marcha el fondo transitorio de nivelación y ha pedido «afrontar de una manera decisiva el tratamiento que se le va a dar a la deuda generada por el sistema de financiación». «Estamos todos absolutamente proactivos y, por supuesto, desde el principio de lealtad institucional, deseosos de poder sentarnos con el Gobierno para acometer tanto la reforma, punto primordial, como el tratamiento de la deuda generada por el sistema», ha señalado.
Marín ha apuntado que Murcia desde 2020 tiene «el deshonroso honor de haber adelantado a la Comunitat Valenciana» como la peor financiada y ha advertido que esto «está generando importantes tensiones de tesorería». Se ha mostrado «completamente convencido de que si el Gobierno nos junta a todas las comunidades autónomas conseguiremos reformar el sistema de financiación en un plazo muy breve de tiempo», ha zanjado.
GALICIA: «LOS SERVICIOS NO SE PAGAN CON ‘CORTICOLES'»
Desde Galicia, Miguel Gorgos ha avisado que «los servicios sociales de dependencia y de sanidad se pagan con euros, no se pagan con corticoles, y con mil millones menos las comunidades autónomas hemos tenido que hacer milagros para financiar estos servicios», ha incidido.
Gorgos ha expuesto que el sistema debe reformarse «sobre unas bases comunes, garantizando la igualdad entre todos los españoles», para lo que «habrá que estudiar los diferentes costes que tiene que soportar cada comunidad autónoma». En ese sentido, ha afirmado que «a cada uno nos preocupan unas variables de coste u otras, pero algunas son más comunes como el envejecimiento y la dispersión, la superficie, y ahí es donde tenemos que trabajar».
«Lo que importa ahora es que el que tiene capacidad para hacerlo, que es el Gobierno de España, ejerza sus funciones de gobierno y presente una propuesta concreta para su discusión por parte de las comunidades autónomas», ha indicado, antes de asegurar que estas cuatro comunidades debatirán «con lealtad. También ha pedido que «se garantice la autonomía fiscal de las comunidades autónomas».
Preguntado por si desde Galicia apoyan el fondo de transición, ha señalado que lo que consideran «realmente urgente es que se presente ya una propuesta de modelo de financiación» y ha opinado que «se tarda el mismo tiempo en hacer una cosa que la otra». Sobre la deuda el gobierno gallego coincide en que «todas las comunidades autónomas deben salir al mercado», «tratando equitativamente también la deuda de todas».
Sobre si defiende que se otorgue más peso en el futuro modelo a la dispersión y el envejecimiento, ha dicho que «cada uno tiene sus intereses» y «esto va a ser un juego en el que todos vamos a tener que ceder». «Lo que queremos es llegar a un acuerdo para que mejoren todos», ha concluido.
