El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicaba hace un mes una resolución sobre el nuevo Plan de Recuperación del Águila Imperial en la región, de manera que quedaba abierto a información pública. Hoy, desde el Partido Popular denuncian que su aprobación supondría un “deslate” y una “barbaridad” para 500 pueblos de la región, entre los que se incluye Tomelloso.
El vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, lo ha descrito como un plan que pone en peligro a las energías renovables, agricultura, caza, turismo y urbanismo de los pueblos, dejándoles con una gran “inseguridad jurídica”.
Aunque desde la formación defienden la protección de esta especie, aseguran que las actuaciones que se realizaban en la actualidad eran suficientes para su cuidado. De hecho, según los datos expuestos por Lucas-Torres, en la década de 1970 se registraban 50 parejas de águilas en la región, mientras que a día de hoy la cifra ronda las 400. Precisamente por ello consideran innecesaria la aplicación de un nuevo plan que afectaría a tantos municipios, y que aseguran se ha hecho “a espaldas” de la ciudadanía, ayuntamientos, agricultores y cazadores.
Pero, ¿de qué manera afectaría este nuevo plan a Tomelloso y a otros 499 municipios? En primer lugar, Lucas-Torres ha puesto como ejemplo la línea eléctrica Transmanchega, anunciada durante las pasadas elecciones y que permitiría hacer grandes parque eólicos y fotovoltaicos.
Según expone la formación, mientras la Dirección General de Energía de la Consejería de Desarrollo Sostenible defiende este proyecto, la Dirección de Calidad Ambiental argumenta que no es posible llevarse a cabo por la protección del águila. “No se entiende que dentro de la misma consejería, entre ellos mismos, se vayan poniendo trabas”, ha afirmado el popular.
Pero este no sería el único proyecto “truncado” por el nuevo plan. En el sector agrícola, el PP denuncia que no se podrían realizar cambios de cultivo para hacer reforestaciones. “Si hay un nido en un kilómetro a la redonda no se puede hacer ruido, pasar con un vehículo a motor, labrar las tierras en ese kilómetro y el ayuntamiento deberá desviar los caminos si es necesario”. Tampoco se permitiría la caza de conejos en ciertas épocas.
En el caso de los cazadores, no podrían usar la munición habitual por la prohibición del plomo y vainas de plástico. Aunque en el mercado existen unos prototipos de balas de cartuchos que son biodegradables y que llevan acero, estos tienen un coste 25 veces superior. Quedaría también prohibido hacer cerramientos cinegéticos y nuevos cuarteles para la caza.
“SI HAY ANIDAMIENTO, LA CONSEJERÍA PODRÁ EXPROPIAR”
Según ha continuado exponiendo Lucas-Torres, las hélices de los aerogeneradores no podrían tener aspas y, en el caso de las placas fotovoltaicas, si hay un anidamiento, hay que desplazarse un kilómetro del mismo. Tampoco se permitirían hacer aljibes abiertos o crecimientos de ampliaciones en suelo rústico.
“Si hay una instalación legalmente establecida, como puede ser una casa de campo, y hay un anidamiento, la consejería podrá expropiarla y hundirla”, ha reclamado el popular, quien ha recordado que todo esto se ha hecho a espaldas de los ayuntamientos.
Por su parte, el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro Muelas, ha asegurado que desde el PP no van a permitir que se frene el crecimiento económico en la localidad. Además, ha puesto en relieve que el borrador del decreto no contempla indemnizaciones a pesar de permitirse la expropiación o la imposibilidad de realizar la actividad habitual y regular debido a la cercanía de un anidamiento.
“Es un dislate, una barbaridad”, ha dicho, quien defiende que “no es necesario volver a regular lo que ya funcionaba bien”. De momento, el Ayuntamiento de Tomelloso ya ha presentado alegaciones a este borrador.
