La Agencia Tributaria ha iniciado una actuación coordinada en 15 comunidades autónomas, entre ellas Asturias, contra el fraude fiscal en el sector de la madera que afecta a 84 sociedades y 37 personas físicas vinculadas, entre socios, administradores y personas del entorno familiar.
En un comunicado, la Administración fiscal ha señalado que esta operación, denominada ‘Llamera’, ha contado con la participación de 350 funcionarios, así como con el apoyo de agentes policiales, lo que ha permitido la personación de inspectores en 88 locales de las sociedades inspeccionadas desde que se iniciara ayer.
Estos locales se encuentra en Andalucía (7), Aragón (6), Asturias (2), Baleares (1), Canarias (9), Cantabria (2), Castilla-La Mancha (2), Castilla y León (6), Cataluña (8), Extremadura (1), Galicia (12), Madrid (8), La Rioja (1), Murcia (2) y Comunidad Valenciana (21).
La operación tiene como objetivo la comprobación de sociedades dedicadas a la comercialización de la madera -incluidos productos derivados, como puertas, vigas, tableros, etc.- en las cuales se han analizado una serie de indicios de la existencia de economía sumergida y fraude fiscal.
Así, dentro del conjunto de contribuyentes analizados, se han identificado sociedades cuyos socios presentan riesgos de incrementos patrimoniales no justificados, que podrían deberse a ventas ocultas de la entidad que se estuvieran materializando en incrementos patrimoniales de sus socios, un riesgo que afecta a más de la mitad de las sociedades que se han comenzado a inspeccionar, según han detallado desde la Agencia Tributaria en un comunicado.
Desde la administración fiscal también han señalado que, a la hora de seleccionar las empresas a comprobar, se han tenido en cuenta que muchas de las personas físicas vinculadas ostentan signos externos de riqueza que podrían constituir indicios de ocultación de ingresos, como el alquiler de cajas de seguridad o en algún caso la utilización de tarjetas bancarias personales con fuertes gastos.
Con la operación ‘Llamera’ son ya 23 las macrooperaciones sectoriales coordinadas desplegadas por la Agencia en la última década, con un resultado hasta cierre del pasado año de más de 2.000 expedientes finalizados e ingresos por importe de 386 millones de euros.
