Entre enero y agosto se ocuparon en Castilla-La Mancha 460 viviendas, lo que supone un 10,1 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se detectaron 512 okupaciones.
En el conjunto del país, en los ocho primeros meses del año se ocuparon de forma ilegal 10.345 viviendas, lo que supone un 11,2 por ciento menos que en el mismo periodo de año pasado, cuando se contabilizaron 11.655 infracciones penales por este fenómeno, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior.
Cataluña sigue siendo la comunidad con más ocupaciones, en concreto 4.218 hasta agosto, aunque con significativo descenso del 14,3 por ciento en relación a un año antes.
También descendieron estas infracciones penales en el resto de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla a excepción de Asturias, Canarias Cantabria, Galicia y País Vasco, donde aumentaron.
Las estadísticas de ocupaciones de Interior no discriminan entre los dos tipos penales de este fenómeno: el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble. Son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia, como recuerda este departamento.
La Fiscalía General del Estado publicó hace meses una instrucción aclaraba que el allanamiento se produce respecto a la casa y la segunda residencia por ser lugares donde su propietario desarrolla su vida privada e intimidad, en tanto que la usurpación se refiere a inmuebles y viviendas que no constituyen la morada de nadie, es decir, deshabitadas y vacías.
También el Ministerio del Interior tomó cartas en el asunto y publicó una instrucción para mejorar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en casos de desalojos inmediatos ante ocupaciones flagrantes y de desalojos cautelares en el resto de usurpaciones de viviendas.
Según los datos recogidos en la memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2022, sólo el 0,16 por ciento de los delitos genéricos de ocupación se refieren a delitos de allanamiento,
De esta forma, y según la citada memoria, a lo largo de 2022 se incoaron un total de 8.868 procedimientos por usurpación, un 9 por ciento menos que en el año anterior, y 96 por allanamiento.
