Tres asociaciones de jueces y dos de fiscales han anunciado este lunes su intención de convocar una huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo ante la «falta de propuesta concretas» y de «verdadero propósito de negociar» de los ministerios de Justicia y Hacienda para mejorar sus salarios y reducir la carga de trabajo.
Así lo han dado a conocer en un comunicado la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
También suscriben el comunicado Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, pero aunque afirman compartir el diagnóstico y la necesidad de mejoras para superar el «estancamiento actual» del sistema judicial, consideran «oportuno» esperar a conocer lo que pueda plantear Hacienda en la reunión de la Mesa de Retribuciones prevista para el 3 de mayo. Eso sí, ambas organizaciones progresistas no renuncian a sumarse a la convocatoria de huelga en función del resultado de esa reunión.
«Todas las asociaciones judiciales y fiscales manifestamos nuestro firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora», subrayan las siete firmantes en el comunicado.
Advierten además de que no permitirán que su actitud responsable -de prudencia y silencio hasta ahora, apuntan- «sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de juezas/ces y fiscales no se desarrolla en condiciones -también retributivas- adecuadas».
De materializarse, la huelga de jueces y fiscales sería la tercera de la Justicia en este 2023. Los Letrados de la Administración de Justicia estuvieron parados indefinidamente más de un mes, hasta que consiguieron una subida salarial de 450 euros mensuales. Desde el pasado lunes, además, los funcionarios de Justicia se encuentran en huelga reivindicando igualmente una mejora económica.
SOBRE EL «PERSISTENTE ABANDONO» DE LA JUSTICIA
En el comunicado, las asociaciones constatan la falta de propuestas concretas en las reuniones preparatorias celebradas el 31 de marzo y el 4 de abril. Ponen el foco, además, en «la nula garantía que supone la convocatoria de la Mesa para el día 3 de mayo». «Dado que, como la experiencia nos enseña, se puede desconvocar en cualquier momento», advierten.
En esta línea, aseguran que «incluso aunque llegue a celebrarse, si no existe un verdadero propósito de negociar -que el Ministerio aún no ha demostrado, añaden- no sería más que otra forma de dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental».
«Todo lo anterior se produce en un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos», apostillan.
En este contexto, las asociaciones ponen de manifiesto que los Presupuestos Generales del Estado «son insuficientes» y critican que «en la administración general del Estado la administración de Justicia es la cenicienta».
«Las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad», continúan.
LAS NEGOCIACIONES CON EL MINISTERIO
Las asociaciones echan la vista atrás y recuerdan que tras «las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia los días 31 de marzo (las Asociaciones Judiciales) y 4 de abril (las Asociaciones Fiscales)» anunciaron su «intención de elaborar un calendario de medidas de presión».
«Tomamos aquella decisión ante el decepcionante resultado de las reuniones y a la vista de los precedentes. Hay que recordar que en octubre de 2022 y tras meses de conversaciones, el Ministerio de Justicia desconvocó sin explicaciones la llamada Mesa de Retribuciones, órgano legalmente previsto para la revisión de las retribuciones de las Carreras Judicial y Fiscal, apenas unos días después de haberla convocado formalmente», apuntan.
Esta desconvocatoria, inciden, «había venido precedida de numerosas reuniones preparatorias en las que, siempre de buena fe», buscaron «construir consensos con el Ministerio de Justicia, que ya en el mes de marzo de 2022 se había comprometido a convocar la Mesa para el mes de octubre de ese año».
«La misma paciencia y sentido de responsabilidad que habíamos demostrado durante todo ese periodo la observamos tras la desconvocatoria, ante la que reaccionamos interponiendo una demanda para obligar al Ministerio a cumplir la ley. Y en dos ocasiones, al menos, durante este año 2023, reclamamos al Ministerio de Justicia la convocatoria de la Mesa, sin obtener respuesta», aseveran.
Finalmente, explican que «durante la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia el Ministerio tuvo a bien» convocarles «para las mencionadas reuniones del 31 de marzo y el 4 de abril». «En las que, como ya sabemos, no se produjo avance significativo alguno más allá del compromiso de que la Mesa se convocaría antes del 10 de mayo», zanjan.
LA AJFV AVISA: ESTE ANUNCIO LES «PREPARA PARA LO PEOR»
Para el portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, la intención de convocar una huelga indefinida llega después de un año de conversaciones, «siempre de buena fe» por las asociaciones, pero de «incumplimiento» por el Ministerio de Justicia de la «promesa persistente de que la mesa de negociación prevista en la ley desde hace 20 años para negociar cuestiones retributivas se convocaría por primera vez en este periodo de dos décadas».
«Se incumplió esta promesa y nos encontramos en el mes de mayo de 2023 en el mismo punto en el que empezaron nuestras conversaciones con el Ministerio en abril de 2022», ha criticado.
El portavoz ha defendido la convocatoria de la huelga como una medida que les «prepara para lo peor», precisando que se refería a la «actitud puramente dilatoria de los ministerios de Justicia y Hacienda.
«Si de verdad quieren evitar que esto se produzca, tienen margen más que suficiente, pero si su interés es nuevamente tomarnos el pelo, entonces ya saben cuáles serán las consecuencias a las que se enfrentarán», ha apuntado Fernández Vaquero.
