El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, dio una instrucción el pasado mes de diciembre, ante la revisión de penas consecuencia de la entrada en vigor de la Ley del ‘solo sí es sí’, para que se atendieran en 24 horas las instalaciones de dispositivos de control telemático por excarcelaciones sorpresivas o inesperadas.
Así lo ha explicado este martes la delegada del Gobierno, Victoria Rosell, durante un acto organizado por Igualdad para presentar su Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025.
Durante su intervención, Rosell ha puesto en valor esta medida de protección a las víctimas que se puede solicitar con orden judicial, de forma cautelar o definitiva, cuando se dicta una orden de alejamiento del agresor hacia su víctima. Este dispositivo permite la geolocalización del agresor y de la víctima generando una alerta -gestionada por el sistema conocido como Cometa y por la Policía- si el agresor incumple este alejamiento.
Según ha indicado Rosell, en la actualidad hay algo más de 3.000 de estas pulseras en uso y se podrían usar hasta 4.000, tras firmarse un contrato en este sentido por los próximos dos años. Además, este año, se va a licitar otro contrato de 48 millones de euros que permitirá, a partir de febrero de 2024, ampliar este sistema de protección a todas las violencias contra las mujeres, y no solo a los casos de violencia de género que se producen en el seno de la pareja o expareja.
Sin embargo, y aunque no está licitado aún el contrato para incluir la protección con dispositivos telemáticos en casos de violencia sexual, Rosell dio una instrucción en diciembre para «que se atienda en 24 horas las peticiones judiciales de instalación de dispositivos» en los casos de víctimas afectadas por una excarcelación sorpresiva de su agresor sexual y que pudieran sufrir alguna situación de revictimización.
AVISADOS FISCALÍA Y CGPJ
La delegada del Gobierno ha explicado que le consta que la Fiscalía sí ha dado el aviso a los fiscales, pero no le consta en el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), señalando, además, que no tiene constancia de que se haya solicitado ninguna medida de este tipo en ningún caso.
Fuentes del Ministerio han explicado que son unos 14 los excarcelados hasta el momento con la Ley del ‘solo sí es sí’, es decir, que en estos casos el juez podría haber solicitado esta medida de protección para las víctimas. Las mismas fuentes han negado, además, que no haya pulseras disponibles.
Según han indicado, la mayoría de este tipo de condena llevan aparejadas una orden de alejamiento tras el cumplimiento de la misma y que el objetivo de Igualdad con su instrucción es que estas medidas puedan cumplirse con mayor seguridad para la víctima ante la situación de una excarcelación inesperada.
Pero, además, Rosell ha explicado que se ha abierto el servicio de atención telefónica ATENPRO también a las víctimas de esta situación. En este sentido, la delegada del Gobierno ha apuntado que, desde finales de este año, este servicio también atenderá a todas las víctimas de violencias machistas.
ESTRATEGIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otra parte, Igualdad ha presentado la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas 2022-2025 que cuenta con 266 medidas divididas en cuatro ejes, que el Ministerio ha definido como una «hoja de ruta de las políticas públicas» en esta materia, por la que se «establece cómo las administraciones públicas» van a luchar contra ellas.
«No vamos a acabar con la violencia machistas si no somos capaces de avanzar de forma decidida en los derechos y en la igualdad y si no acabamos con los machismos», ha declarado la ministra Irene Montero.
En su intervención, ha puesto en valor el avance de las administraciones, junto al movimiento feminista, a lo largo de los años y ha apuntado que el Estado es «titular de obligaciones» que «no estarán al 100% cumplidas hasta que no se erradique la violencia contra las mujeres». A su juicio, esta estrategia es «un buen manual de instrucciones» para identificar las medidas que administraciones y ciudadanía tienen para luchar contra esta lacra, desde la prevención de la misma, hasta la reparación de las mujeres víctimas, sus hijos y familiares.
Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha destacado entre las medidas la creación de un grupo de seguimiento del uso de los presupuestos destinados a luchar contra esta lacra. Según ha indicado, esto permitirá «más transparencia para la Administración».
