El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido su Proyecto de Ley de Medidas Administrativas, Financieras y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida como ley de acompañamiento, pues se ha mostrado convencido que «mejorará la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha».
El consejero ha realizado estas manifestaciones durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, donde el texto encara su aprobación, con más 60 enmiendas vivas, tras pasar por la Comisión de Economía y Presupuestos.
Desde la tribuna, Ruiz Molina ha vuelto a dar cuenta de las seis deducciones fiscales que contempla la ley, reparando en la dirigida a la adquisición de bienes y servicios, en la de ampliaciones de gastos de guardería o adquisición de libros de texto y enseñanzas de idiomas o en la de la cuota íntegra del IRPF a menores de 40 años.
Tras asegurar que la norma pretende «reforzar el carácter solidario» del sistema tributario de Castilla-La Mancha, «aliviando en parte los efectos de la inflación sobre los ciudadanos con las rentas más bajas», ha añadido que también persigue dinamizar la economía e incrementar la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos.
Dicho esto, el titular de la Hacienda castellanomanchega ha cargado contra las enmiendas «a granel y sin rigor» que han presentado al texto tanto PP como CS y que, a su entender, «se cargan» los principios de igualdad y progresividad fiscal, contempladas en la Constitución, provocando «una sangría» en las arcas publicas para beneficiar a las rentas altas.
Por ello, ha lamentado que con sus enmiendas, la oposición demuestre entrar en una «feria electoralista, de a ver quién baja más los impuestos», pero sin hacer mención a la partida de ingresos. «Es un ataque al Estado de Bienestar que se financia con los impuestos de los ciudadanos en función de su capacidad económica, penalizando doblemente a los que menos renta tienen», ha denunciado.
C-LM, LA REGIÓN CON MENOS PRESIÓN FISCAL
A renglón seguido, el diputado socialista Fernando Mora, encargado de defender el dictamen de la Comisión, ha indicado que esta llamada ley de acompañamiento es una ley «importante», pues complementa los presupuestos para el 2023 y su objetivo es dinamizar la economía, incrementar la eficacia y mejorar la distribución de obligaciones tributarias, al tiempo que mantiene «congelados» los impuestos, siendo Castilla-La Mancha una de las regiones con menor presión fiscal e impuestos más bajos, ha presumido.
Por ello, y tras recordar que Cs y PP se han abstenido ante el 90 del texto de esta ley y a las tres enmiendas del PSOE en la Comisión de Economía y Presupuestos donde se debatió, se ha mostrado confiado en que reflexionen y terminen apoyando el texto.
«Estamos en un momento de recuperación y hay que ser solidario con personas que peor lo pasan. Tanto la ley de acompañamiento como la de presupuestos son dos buenos instrumentos para hacerlo, y todos, con las lógicas discrepancias, tenemos que aprobar esta norma que favorece a inmensa mayoría de Castilla-La Mancha», ha dicho Mora, que ha terminado alertando de que la «demagogia» de los impuestos ha acabado «sepultada» por las necesidades de la sociedad, que reclama servicios públicos adecuados, como ha ocurrido en Reino Unido, donde «han tenido que recular».
LAS ENMIENDAS DE CS MEJORAN LOS PRESUPUESTOS DE C-LM
Por su parte, David Muñoz Zapata ha puesto en valor las 23 enmiendas de Ciudadanos, que han llegado vivas al debate tras ser rechazadas por la mayoría socilista en la Comisión de Economía y Presupuestos, defendiendo que suponen una nueva oportunidad de mejorar los presupuestos del Ejecutivo regional para este 2023.
El parlamentario de la formación naranja ha criticado que las deducciones fiscales propuestas por el Gobierno regional supongan un coste estimado de 85 millones de euros, cuando el Ejecutivo está recaudando 1.000 millones más por la desbocada inflación, tildando por ello la bajada de «tacaña».
«Tiene mucho ruido electoral y poco efecto fiscal», ha espetado el diputado toledano que, tras criticar que los miembros del Ejecutivo no se pongan de acuerdo en el montante que supondría recuperar la Carrera Profesional, ha mostrado la mano tendida de su grupo para lograr un acuerdo y hacer que esta ley sea «un auténtico alivio fiscal para las familias, sobre todo las jóvenes».
PP CRITICA LA «PIROTECNIA TRIBUTARIA» DEL GOBIERNO
Mientras, el portavoz del PP, Miguel Ángel Rodríguez, que ha arrancado criticando que el consejero del ramo desdeñe con argumentos «poco solventes» las propuestas «sensatas» de su grupo, ha defendido que esta ley es «criticable en forma y fondo».
Respecto a las formas, ha dicho que es «cajón de sastre», que aprovecha el PSOE para modificar hasta 12 leyes y decretos normativos, «en función de sus intereses», lo que le ha valido al Ejecutivo hasta un «tirón de orejas del Consejo Consultivo».
En cuanto al fondo, el parlamentario ‘popular’ ha criticado que rechacen las 42 enmiendas que han presentado al texto y que «tienen un claro calado fiscal y tributario» enfocadas a pedir una bajada generalizada de impuestos, «no por capricho, sino para dinamizar la economía y ayudar a quién peor lo pasan».
«No entendemos que se enroquen y no acometan una bajada de impuestos cuando hay ingresos suficientes, reciben fondos a manos llenas y tienen las reglas fiscales suspendidas», ha dicho Rodríguez, que ha finalizado lamentando la «pirotecnia tributaria» del Ejecutivo regional, que «hace mucho ruido pero beneficia a poca gente».
CS Y PP ESCONDEN SUS RECORTES
En su turno de réplica el consejero, ha aclarado al diputado de CS que levantar la Carrera Profesional, como sugiere vía enmienda su formación, costaría 60 millones, mientras que hacer extensivo su cobro a todos los profesionales sanitarios a los que les corresponda supondría a las arcas regionales 200 millones.
De igual modo, ha desmentido, como mantiene tanto PP como CS, que el Ejecutivo cuente con 1.000 millones más, pues como consumidor final la Administración regional también tiene que hacer frente al incremento del coste de los suministros a la hora de seguir prestando servicios públicos.
Luego de tildar de «injustas y regresivas» las enmiendas de la oposición, Ruiz Molina ha acusado a PP y CS de «esconder» los «recortes» que las prestaciones públicas sufrirían en caso de que la deflactación que proponen saliera adelante.
Por último, y después de que el PP les acusará de modificar «de tapadillo» hasta 12 normas con esta ley de acompañamiento, el titular regional de Administraciones Públicas ha defendido que en aras a la «eficiencia» el texto se tramita como una especie de ‘ley omnibús’, tal y como avala la propia Constitución.
Por todo ello, ha terminado expresando una certeza y un convencimiento. La certeza de que cuando se apruebe esta ley el Ejecutivo regional tendrá «una herramienta más para impulsar el progreso y el bienestar sin dejar a nadie atrás», y el convencimiento de que en «los próximos cuatro años, las leyes de presupuestos y acompañamiento serán impulsadas por un gobierno presidido por Emiliano García-Page, que ha hecho de la estabilidad y el diálogo social la principal seña de identidad de Castilla-La Mancha».
