El Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha sido el escenario para la rúbrica a seis bandas del nuevo Plan de Empleo impulsado por el Ejecutivo autonómico y conveniado con las cinco diputaciones provinciales, una estrategia que dispondrá de 73 millones de euros, 48 millones de euros aportados desde las arcas regionales.
El presidente regional, Emiliano García-Page, ha sido el encargado de poner la firma a los distintos convenios alcanzados con los presidentes de las administraciones provinciales de la Comunidad Autónoma, Santiago Cabañero por Albacete; Miguel Ángel Valverde por Ciudad Real; Álvaro Martínez Chana por Cuenca; José Luis Vega por Guadalajara; y Conchi Cedillo por la institución provincial de Toledo.
Según ha considerado, han pasado «muchas cosas» desde que en su origen esta estrategia se ideó en 2015 como «plan de choque», y ahora ha seguido evolucionando «sin necesidad de producir un electro shock» como hace ocho años.
Ha recordado que en su día, «la inmensa mayor parte de peticionarios eran titulados superiores, desde médicos hasta abogados, que literalmente estaban pidiendo una escoba para poder barrer en un pueblo».
«En España hay una paradoja brutal. Hay más de 3 millones de parados y demanda de 2 millones de empleos que no se encuentra. ¿Cómo se arregla?», se ha preguntado, respondiendo que la solución está en la formación, lo cual ahora se incluye en esta nueva estrategia.
Ha agradecido en este punto las negociaciones «discretas» con todos los presidentes de diputación, sobre todo a los del PP; al tiempo que ha añadido que ahora la situación de «drama» que él se encontró al llegar al Gobierno «no tiene comparación con la de hoy».
Antes de la mitad de legislatura, ha vaticinado que se llegará en algunas zonas a la situación de «paro técnico», lo que revela «cómo han ido cambiando las cosas».
García-Page ha otorgado parte de este «éxito» a sus planes de empleo, poniendo en valor la evolución de esta estrategia a lo largo de los años, así como sus novedades conforme el mercado laboral ha ido resolviendo «lo urgente».
QUEDAN 133.000 PARADOS
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha sido la encargada de abrir el turno de intervenciones con una alocución en la que ha aprovechado para agradecer el trabajo conjunto también a los agentes sociales y a los representantes sindicales y de la patronal, además de a las cinco diputaciones.
Unos acuerdos de los que espera que sirvan para que la foto «se repita» en el futuro, y que «los representantes de distintas instituciones trabajen por el interés general de esta tierra sumando voluntades».
Ha aplaudido la «celeridad» de todas las administraciones a la hora de elaborar estos convenios en el corto plazo tras haberse constituido tras las últimas elecciones.
Franco ha reparado en que son 133.000 las personas que están buscando trabajo en Castilla-La Mancha, si bien este plan de empleo quiere apuntalar las salidas profesionales de aquellos trabajadores que tienen menos formación.
Por ello, este nuevo compromiso en cuanto a planes de empleo quiere incentivar la creación de puestos de trabajo para este colectivo.
Con 73 millones de euros, 25 de ellos serán aportados por las diputaciones provinciales para articular modalidades distintas en función de cada una de las tramitaciones.
Con esta cuantía se pretende llegar a más de 7.000 personas, con especial énfasis a la incorporación de la mujer, extremo pactado con todas las partes para que el 55 % sean puestos de trabajo femeninos.
Los desempleados de larga duración o los jóvenes poco cualificados, además de personas con discapacidad o en exclusión social estarán en el punto de mira de este Plan Activo para el Empleo, que contempla un 25% de reserva en municipios de más de 3.000 habitantes; o 15% para mujeres víctimas de violencia machista.
Se priorizará también a zonas despobladas donde encontrar empleo «se vuelve mucho más difíciles». Se suman, además, dos nuevas líneas. Mientras se mantiene una misma línea del plan de empleo tradicional que venía realizándose hasta ahora planteaba contratos de seis meses de duración, habría 8.900 euros para contratos de un semestre.
MÁS FORMACIÓN
Pero hay ahora dos nuevas líneas, por un lado, la que incorpora formación, de cara a que en pueblos de más de 5.000 habitantes se reserve el 30 % de plazas para incorporar competencias clave o certificados de profesionalidad a los beneficiarios; una formación con 120 horas como mínimo para sus beneficiarios, con un máximo de 300 horas.
Esto estará financiado al cien por cien por la Junta, con 8 millones de euros, cubriendo los gastos de formación; al tiempo que contempla becas y ayudas al transporte para que personas en dificultad puedan acceder a estos cursos con una remuneración que cubra estos gastos.
De otro lado, se conforma el ‘cheque empleo’ para implicar a los empresarios de la Comunidad Autónoma a la hora de desarrollar también estos planes de empleo, algo que «es posible también en municipios de menor tamaño y con una formación de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo».
Franco ha aportado datos sobre los plazos, y es que hasta el 3 de noviembre se podrán presentar las solicitudes por parte de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma.
LAS DIPUTACIONES, SATISFECHAS
Tras Patricia Franco han tomado la palabra los presidentes provinciales presentes en el Salón de Tapices del Palacio de Fuensalida. Así, Santiago Cabañero ha señalado que su Diputación ha sido siempre «un aliado fiel» que ha estado «cuando había que reactivar la economía», del mismo modo que ahora arrimará el hombro para que la región «siga en la senda del crecimiento».
Miguel Ángel Valverde, de su lado, ha apuntado que la Diputación de Ciudad Real, «a pesar del cambio» de color político, seguirá manteniendo «lealtad institucional» en todas aquellas políticas que vayan «en favor de los intereses de los ciudadanos». «Me parece acertada la propuesta de ampliar estos planes a que puedan participar las empresas». En este punto, ha anunciado que su institución elevará la aportación para sufragar los gastos de Seguridad Social para ayuntamientos que no puedan hacerse cargo.
Desde la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha indicado por su parte que la experiencia confirma que estos planes «responden a las necesidades de cada coyuntura» en sus sucesivas aprobaciones de los últimos años. «Enhorabuena por el trabajo y la mejora. Implementar la formación y acercar al tejido empresarial a estos planes es un acierto», ha defendido el conquense, que estima que 800 parados de la provincia, «el 10 %», se podrán beneficiar de estas políticas.
El máximo mandatario de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha destacado en su turno la especial incidencia de este plan en zonas despobladas, sin dejar de lado que en muchos casos podrá ayudar a mantener servicios básicos en pequeñas localidades cuyos alcaldes no dan más de sí. «Es una política contra la despoblación que permitirá mantener los servicios básicos», ha exhibido el mondejano.
En nombre de la institución provincial toledana, su presidenta, Conchi Cedillo, ha considerado que su Diputación «no ha dudado ni un sólo momento para arrimar el hombro» para ayudar a «aquellas personas que sufren de mayor vulnerabilidad», como personas en paro desde hace mucho tiempo o mujeres víctimas de violencia de género. «Esa sensibilidad con quienes más lo necesitan motivan la implicación y el entendimiento de distintas administraciones», ha señalado.
