El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha anunciado este martes la aprobación del anteproyecto de Ley de Garantías de Listas de Espera en la región por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.
En una rueda de prensa destinada a informar sobre varias cuestiones relacionadas con su Consejería, Fernández Sanz ha señalado que, tras la aprobación de este anteproyecto, el objetivo es que la ley «pudiese estar aprobada este año, antes de que finalice 2023».
La ley contará con tres ejes principales. En primer lugar, el establecimiento de «los tiempos máximos garantizados por legislación básica estatal» del año 2011, que fijan en 180 días los plazos máximos para las listas de espera quirúrgicas, 60 días para las de consultas y 30 días para las pruebas diagnósticas».
Fernández Sanz ha destacado que con el establecimiento de estos plazos, el anteproyecto perfila una ley «de las más avanzadas que hay en este momento, si no la más avanzada», al atender también a las consultas y pruebas diagnósticas.
«El paciente, cuando cree que se ha superado su tiempo, hace una solicitud y el servicio de salud está obligado a ofrecerle una alternativa en otro centro de salud o bien en un espacio concertado del sistema de salud», ha expuesto.
En segundo lugar, según ha descrito el consejero, la ley establecerá mecanismos para «reconocimiento del derecho de los pacientes» que, en caso de exceder esa ley, podrán ser derivados de forma obligatoria si lo solicitan a otro recurso público o concertado, corriendo la administración pública con los gastos de desplazamiento y pernocta tanto del paciente como de un acompañante.
Y, en tercer lugar, ha destacado «la creación de un registro único de listas de espera», que combinará los listados de todos los servicios sanitarios regionales, para poder gestionar ágilmente las derivaciones en caso de que sean necesarias.
Por otra parte, Fernández Sanz ha señalado que, aunque los plazos genéricos para intervenciones quirúrgicas están fijados, algunas atenciones sanitarias de especial emergencia quedan excluidas, estableciendo «tiempos exclusivos, mucho menores a esos 180 días». Dentro de estas afecciones entrarían tumores malignos o enfermedades cardiacas que requieren una intervención inmediata.
DESARROLLO DE LA LEY INTERRUMPIDA POR COVID
El consejero de Sanidad ha indicado que esta ley será la tercera que busca intervenir en las listas de espera para garantizar los derechos de los pacientes, tras la norma de 2002 y la de 2012 aprobada por el Gobierno de María Dolores de Cospedal, que «nunca llegó a hacerse efectiva».
Ha reconocido que la primera intención del actual Ejecutivo era establecer esta ley en el año 2019, pero que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 «cubrió esos dos años y medio».
Asimismo, ha reconocido que, con los datos actuales, la Consejería calcula que en el año 2022 entre unas «12.000 a 14.000 personas se podrían acoger a la ley de garantías».
«Ahora mismo, con los tiempos de espera que tenemos, si hiciésemos un cierre en diciembre del 23 estaríamos hablando de unas 8.000 personas», ha señalado Fernández Sanz.
