La Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra de Castilla-La Mancha se ha convertido en la norma número 46 y última en ser aprobada por las Cortes regionales en la X Legislatura después de ser validada este jueves en el último pleno antes de las elecciones autonómicas del mes de mayo, una legislación que ha salido adelante con el voto en solitario del Grupo Socialista tras contar con el rechazo de PP y CS.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido el Proyecto de Ley en el debate previo a la votación que ha tenido lugar en el Parlamento autonómico y ha pedido a los grupos políticos que aprobasen el texto por unanimidad en las Cortes, considerando que «no podría explicarse» un voto en contra. Sin embargo, tanto CS como el PP ya han advertido en el debate de su intención de rechazar la normativa y ambos han coincidido en pedir al Gobierno regional que retirase el Proyecto de Ley.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, encargado de abrir el debate, ha considerado que la legislatura termina en las Cortes con una ley «fundamental» para potenciar el modelo de agricultores familiares que el Ejecutivo autonómico propugna.
«Queremos tener muchos emprendedores en el campo generando empleo y riqueza, es nuestro modelo, el de las pequeñas y medianas explotaciones, no queremos el modelo de ‘uberización’ del campo, de los fondos de inversión», ha manifestado, para lo que es necesario apoyar a estos agricultores y ganaderos «con una ley que diferencia el modelo de explotación familiar de otros» y que, a su juicio, «es de justicia».
Martínez Arroyo, confiado en que «ningún grupo se va a atrever a votar en contra de una ley que protege a los empresarios de Castilla-La Mancha», ha afirmado que la ley es «muy valiente» en su defensa de los agricultores y ganaderos. «Ustedes verán si la apoyan o no, porque no tendría forma de explicarse –el voto en contra», ha mantenido.
Además, ha considerado que el texto a debate define dos figuras importantes como son las zonas de protección agraria y los bancos de tierras, una cuestión que está, ha dicho, «hiperhablada» con las organizaciones profesionales para poner a ser productivos suelos que actualmente no lo son.
«Espero que piensen en los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha y más en el último pleno. Demos un buen ejemplo», ha concluido.
CS Y UNA LEY «CON BACHES»
La diputada de CS Elena Jaime, que ha advertido del voto en contra de su partido, ha defendido las 43 enmiendas de su grupo y ha criticado que esta ley «tiene más baches que algunos de los caminos que dice la Junta que arregla», manifestando que esta ley «debería haberse devuelvo al Gobierno para que hiciera una ley que se pareciera más a la realidad que esta».
En este punto, ha relatado que sus enmiendas, entre otros aspectos, buscan «hablar en positivo» de las zonas de protección agraria estableciendo una incentivación agraria. «A lo largo de la ley se entiende que quieren incentivar esas zonas, pero tampoco explica bien cómo», ha relatado.
De igual modo, ha explicado que hasta un 45% de los agricultores son mayores de 65 años mientras que no llegan al 0,5% los menores de 24 años, por lo que aboga por impulsar que mayores de 45 años y parados de larga duración puedan incorporarse al sector agrario para poder cubrir el número de incorporaciones.
EL PP PIDE LA RETIRADA DE LA LEY
Mientras, la parlamentaria del PP Lola Merino ha instado al Gobierno regional a retirar esta ley. «Están a tiempo, quieren aprobar hoy una ley para quitarle la tierra a los agricultores y quitarles su propiedad privada y que el usufructo pase a otra persona durante 25 años», ha criticado.
Merino ha asegurado que esta ley «no tiene ni pies ni cabeza» y es «un atentado contra la propiedad privada de los agricultores de Castilla-La Mancha», calificándola de «expropiación ilegal».
«No vamos a votar a favor de la desamortización de Page en Castilla-La Mancha», ha espetado, preguntando al consejero si quiere aprobar «una ley que no beneficia a ningún agricultor ni ganadero».
PSOE ACUSA AL PP DE «DESPRESTIGIAR»
Finalmente, la diputada del PSOE Joaquina Saiz, que también ha sido la encargada de defender el dictamen de la ley, ha acusado a Merino de querer «desprestigiar a un Gobierno que solo quiere trabajar por el sector agrario».
«Han presentado enmiendas trampa, que lo único que hacen es crispar, que no tienen nada que decir y otras que para lo único que sirven es para hablar mal de esta ley cuando es una ley buena», ha lamentado.
Saiz ha criticado que en este debate ha habido por parte del PP «mucha mentira, mucha crispación y mucho bulo, que es más peligroso». «Esto no es una ley expropiatoria y no habla en ningún momento de incautar nada, que es lo que ustedes quieren vender», ha contestado a Merino.
«SIEMPRE EN CONTRA DEL PROGRESO»
Tras el turno de los grupos políticos, el consejero ha salido a la tribuna de oradores para cerrar el debate y contestar a Lola Merino por sus críticas a los bancos de tierras, echándole en cara que gobiernos como los de Castilla y León o Galicia tienen en sus legislaciones párrafos «idénticos» a la normativa que propone Castilla-La Mancha.
«Esto no es una desamortización de Page. Es la historia de España repetida aquí en Toledo, los conservadores siempre en contra del progreso. Dejen de hacer demagogia», ha aseverado.
Para Martínez Arroyo, «está claro» que la ley es «positiva» y de ella se van a beneficiar las explotaciones agrarias familiares de Castilla-La Mancha. «Ustedes deciden si quieren apoyar ese modelo o enredarse en discursos vacíos que están superados en gobiernos donde sus grupos políticos pudieron decidir», ha concluido dirigiéndose a Merino y Jaime.
