La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha reconocido este jueves en las Cortes que existen problemas para acceder al derecho a la interrupción del embarazo en la región. «Nos gustaría poder prestar este servicio de calidad y con seguridad en los hospitales públicos de la región, pero no podemos porque tenemos que respetar ese otro derecho que es la objeción de conciencia», ha declarado la consejera.
Blanca Fernández ha respondido de esta forma a una crítica de la parlamentaria de Ciudadanos, Carmen Picazo, durante el debate general sobre la situación de la mujer en la región celebrado a petición de su formación.
«La señora Picazo nos manifestaba un problema que efectivamente existe y es que el 58 % de las mujeres de Castilla-La Mancha que tienen que interrumpir su embarazo, lo tienen que hacer en una provincia que no es la suya», ha reconocido Fernández. «¿Por qué pasa esto? Porque hay un derecho que también tenemos que proteger, que es el derecho a la objeción de conciencia», ha añadido.
La consejera ha señalado que actualmente solo existen dos clínicas en toda la región que realicen esta práctica y ha señalado que, tanto desde su consejería como desde la Consejería de Sanidad, se están estudiando medidas para poner solución a esta situación.
«Les digo, porque yo también estoy muy preocupada con este asunto y la Consejería de Sanidad también, que estamos trabajando para intentar que la situación cambie», ha apuntado en este sentido.
Durante su intervención, la consejera ha defendido el compromiso mostrado por el Ejecutivo para atajar los problemas planteados por el Partido Popular y Ciudadanos durante el debate.
Por último, ha respondido a las críticas a la ley del ‘solo sí es sí’, afirmando que «la Ley de Garantía de la Libertad Sexual no es netamente negativa, tiene muchas cosas positivas, pone el consentimiento en el centro».
Fernández ha señalado que el Gobierno regional ha insistido para tratar de corregir los defectos de la norma y ha apuntado a la responsabilidad de la ministra Irene Montero. «Ahora bien, la responsabilidad que le pido es la modificación de la ley, lo que haga con su vida política, me lo van a perdonar, me la trae al pairo», ha afirmado.
DEBATE SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER
Las dificultades de acceso al derecho al aborto ha sido únicamente uno de los puntos tratados durante el extenso debate introducido por Ciudadanos. La diputada Carmen Picazo ha introducido el mismo criticando «la deriva radical del feminismo» representado por «el ministerio dirigido por Irene Montero que criminaliza al hombre por el hecho de ser hombre».
Por el contrario, ha señalado que su formación rechaza de la misma manera el negacionismo de las formaciones políticas de derecha. En este sentido, ha apuntado a la brecha de género, las violencias sexuales y machistas o la conciliación laboral como algunos de los mayores problemas para las mujeres en la región.
En materia de empleo, Picazo ha afirmado que «Castilla-La Mancha es la región con menor porcentaje de mujeres que trabajan a jornada completa. «Si eres mujer y quieres trabajar en Castilla-La Mancha lo tienes más difícil que otras regiones», ha añadido. La diputada ha criticado que las medidas tomadas por el Gobierno regional «están fallando» y ha exigido soluciones reales.
En el ámbito de la conciliación familiar y laboral, la diputada ha planteado que Ciudadanos también lleva años reclamando «una política real de fomento de la conciliación laboral».
Por último, Picazo ha reclamado medidas para facilitar el acceso de las mujeres a determinados derechos, como la natalidad o el deporte, y ha declarado su posición a favor de la regularización de la prostitución, así como de la gestación subrogada.
EL PP SE CENTRA EN LA BRECHA DE GÉNERO
Por su parte, la parlamentaria del PP Gema Guerrero ha centrado su intervención en la brecha de género existente en la región. Guerrero ha apuntado que en Castilla-La Mancha, las mujeres cobran un promedio de «327 euros menos que los hombres». Una realidad que la parlamentaria ha achacado a los altos niveles de desempleo en la región.
«Son muchas las mujeres paradas que trabajaban en el sector servicios, en la hostelería, al cual ha costado mucho superar la crisis sanitaria», ha planteado la diputada, reclamando, «un compromiso de Page» para facilitar la contratación en esos sectores afectados por las crisis.
Además, ha señalado la especial incidencia de las diferencias salariales y de empleo entre hombres y mujeres en las zonas rurales de la región. «En estas zonas rurales son esenciales iniciativas para fomentar el autoempleo», ha apuntado.
En el ámbito de la conciliación, Guerrero ha planteado la necesidad de facilitar a las empresas más pequeñas, mediante líneas de ayuda, el establecimiento de mecanismos para facilitarlo. «Solicitamos un plan de conciliación regional que perdure en el tiempo y que, por supuesto, cuente con recursos de los presupuestos», ha añadido.
La diputada del PP también ha criticado el contenido de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual. «Hoy las mujeres están menos protegidas frente a agresores gracias al Gobierno de Pedro Sánchez y a su ministra Irene Montero», ha afirmado.
EL PSOE DEFIENDE SU COMPROMISO
En cuanto a Charo García Saco, del Grupo Parlamentario Socialista, ha criticado el nivel de inconcreción del debate planteado por Ciudadanos. «Es un tema tan amplio que al final se puede hablar de todo», ha apuntado, señalando que en su opinión habría sido mejor hacer debates sobre temas más específicos.
En el ámbito de la violencia de género, García Saco ha reivindicado el compromiso pionero de la región al establecer legislaciones para hacerle frente. Un esfuerzo que, según ha declarado, se ha mantenido en la actualidad con «un récord de presupuesto para el Instituto de la Mujer» de 165 millones de euros.
En materia de empleo, la parlamentaria ha defendido que la tasa de desempleo femenino se ha reducido en 14 puntos desde 2015, con una reducción de mujeres desempleadas en un 40% y un aumento en la cifra de mujeres activas en un 28 %. Unos resultados que ha atribuido a políticas específicas como el Plan Corresponsable o el fomento de la introducción de la mujer en el sector primario a través del Estatuto de la Mujer Rural.
«No son datos triunfalistas, por supuesto, queda mucho por hacer, pero son datos sobre el esfuerzo», ha afirmado García Saco. «Faltan a la verdad con estos mensajes de falta de compromiso por parte del Gobierno de Emiliano García-Page», ha concluido.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
Los tres grupos parlamentarios han presentado propuestas de resolución separadas. La resolución presentada por CS solicita el establecimiento de una Ley de Apoyo a las Familias inclusiva con todos los modelos de familia presentes en la región y una batería de medidas de apoyo a la conciliación y mecanismos para garantizar el derecho al aborto. Por último, plantea la adopción de medidas para acceder a derechos como los de las mujeres discapacitadas o el acceso al deporte.
La resolución presentada por el PP plantea el despliegue de 10 millones de euros para atajar el desempleo femenino, medidas para favorecer la conciliación laboral y familiar e incentivos fiscales a las empresas, pymes y autónomos que fomenten la conciliación. Además, propone a las Cortes instar al Gobierno de España a la destitución de la ministra Irene Montero y la rectificación de la ley del ‘solo sí es sí’.
Por último, el PSOE ha centrado su propuesta de resolución en el apoyo al establecimiento de políticas transversales para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, el apoyo a las políticas de igualdad en el ámbito rural y las políticas destinadas a favorecer la presencia de mujeres en los ámbitos políticos y empresariales de la región.
