El Partido Popular ha registrado ya las mociones que anunció Alberto Núñez Feijóo para forzar a los cargos socialistas a votar en los Parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos de toda España si están a favor de la ley de amnistía y la igualdad de los españoles. Tras asegurar que una Ley de Amnistía sería «un inasumible precio político», advierte de que la falta de rechazo por el Gobierno está causando una «profunda conmoción social».
En concreto, en el texto sobre la amnistía, el PP pide que se vote el rechazo a «cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español cualquiera que sea su delito». Además, anima a los dos partidos mayoritarios «a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral».
En la exposición de motivos de esa moción, el PP señala que «no es la primera vez que se plantea esta cuestión». Así, recuerda que en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los Letrados emitieron un informe «contundente». Además, destaca que tanto Pedro Sánchez como otros ministros juristas de su Gobierno como Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo afirmaron en el pasado «la inconstitucionalidad de una posible amnistía».
«Los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno se ha abierto a que se pueda tramitar una proposición de Ley», algo que, a su juicio, además de «suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se utiliza un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado».
Según el PP, el precio de la Presidencia «no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo». «En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social», añade.
RECUERDA LO QUE PASÓ EN 1977
Además, el PP señala que el 15 de octubre de 1977 el Congreso aprobó la Ley de Amnistía que siguió «el principio de reconciliación nacional» que guio la transición a la democracia. Según añade, la amnistía era «una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura».
El PP indica que fue uno de «los instrumentos con los que se puso punto final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos» que consolidó el camino a la democracia. Recuerda además que durante la tramitación de la constitución de 1978 se debatió la cuestión de la amnistía ya que se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia, pero las enmiendas «fueron rechazadas y, por el contrario, se aprobó el artículo 62 que prohíbe indultos generales».
«Es decir, el perdón -que si existe en nuestro ordenamiento y queestá regulado en la decimonónica Ley del Indulto- debe ser siempreindividualizado y nunca con carácter general», recalca, para subrayar que en una democracia europea consolidada como es la española de 2023, una amnistía, además, «atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica».
El PP considera que «ni el legislador ni el Poder Ejecutivo puede arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano».
LO QUE ES DE TODOS SE DEBE DECIDIR ENTRE TODOS
Respecto a la segunda de las mociones, el PP recuerda que el artículo 14 de la Constitución establece que los españoles son iguales antes la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, independientemente de donde vivan, «un principio que viene complementado con el de la solidaridad», tal y como se recoge en el artículo 138 de la Carta Magna.
La moción del PP recuerda que el proceso autonómico ha ido convergiendo en unos niveles de autogobierno que ha hecho de España «un modelo de descentralización», avalado durante décadas por el Tribunal Constitucional, «garante de que la legislación y, de modo singular, los estatutos de autonomía, se enmarcasen siempre de acuerdo con las previsiones» de la Carta Magna.
«Todo este bagaje se ve amenazado hoy por los proyectos que buscan romper la igualdad y solidaridad entre los españoles, así como por propuestas de mutación constitucional que promueven consagrar la desigualdad y el privilegio entre territorios y ciudadanos. Una desigualdad que se ve acentuada en el día a día de los españoles por las tensiones económicas, tecnológicas y demográficas, señala el PP.
«Hoy, en España, la igualdad está más amenazada que nunca», afirma el PP, que cree que se encuentran ante «un nuevo desafíohistórico en el que una minoría populista y radical pretende imponer la ruptura de la igualdad de los españoles. «Lo que es de todos se debe decidir entre todos», sostiene la iniciativa del PP.
Por eso, el PP pide expresamente en esta moción que se rechace «cualquier proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España y que atente a lo dispuesto por la Constitución española».
Además, propone «un gran acuerdo nacional que afronte losprincipales desafíos» que tiene España: la regeneración institucional, el Estado de Bienestar, los fundamentos de la economía, un pacto por las familias, un pacto por el agua y un pacto territorial.
En cuarto lugar, el PP emplaza al Gobierno a que proponga «un modelo de financiación autonómica que garantice los principios de igualdad y solidaridad y que sea fruto del acuerdo entre todos». «Rechazamos cualquier privilegio unilateral al margen del acuerdo entre todas las CCAA», asegura el texto.
Finalmente, el Partido Popular reclamamos al Ejecutivo que garantice un marco de financiación de Ayuntamientos, Diputaciones, Consells y Cabildos basado en la «suficiencia, la solidaridad y la equidad».
