La convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, que el PP ha forzado para el próximo jueves para hablar sobre la amnistía, mantiene la incógnita de qué dirigentes acudirán a esta cita, ya que ni el Gobierno central ni los presidentes autonómicos tienen la obligación de asistir.
Los de Alberto Núñez Feijóo han hecho prevalecer su mayoría absoluta en el Senado para forzar una reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas antes de la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, para que diferentes barones autonómicos acudan al Senado a hablar sobre la amnistía, el principal foco de las negociaciones con los independentistas.
El objetivo de los ‘populares’ es aprovechar el altavoz que le proporciona el Senado, a través de esta comisión, para que acudan los presidentes autonómicos que lo deseen a posicionarse sobre esta hipotética ley de amnistía.
Sin embargo, el Reglamento del Senado especifica que en esta Comisión General de las Comunidades Autónomas no existe la obligación de que acuda el Gobierno central ni los representantes autonómicos, aunque sí que suele ser lo habitual.
Este Reglamento tampoco precisa que tenga que ser el presidente del Gobierno o el jefe del Ejecutivo regional, sino que cada administración, en el caso de que finalmente acudan, puede decidir qué representante enviar a esta comisión general de las Comunidades Autónomas.
FALTA POR VER QUÉ HARÁN LAS DEL PSOE
Con todo esto, los presidentes autonómicos del PP previsiblemente acudirán todos a esta cita sobre la amnistía en el Senado y falta por saber qué harán los ‘barones’ socialistas, Emiliano García-Page, María Chivite y Adrián Barbón.
En el caso del líder socialista en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado muy crítico ante esta posible ley de amnistía en la negociación entre los partidos independentistas y Sánchez, aunque falta por ver si acudirá, delega en algún consejero o declina participar.
Por su parte, su homóloga en Navarra, María Chivite, estudiará esta fecha elegida por el Senado para ver qué agenda pública tiene, aunque el Gobierno foral ha adelantado ya que rechazará formar parte de «estrategias políticas».
La postura del PSOE ante esta convocatoria la ha verbalizado su portavoz en el Senado, Eva Granados, acusando al PP de convertir a su líder, Alberto Núñez Feijóo, en «presidente de facto» de la Cámara Alta, advirtiendo que «no conseguirá» convertir esta institución para «conflicto y división».
En cualquier caso, el Senado tiene que hacer llegar lo más pronto posible la invitación oficial a las autonomías, al igual que al Gobierno central, que luego tienen que confirmar si deciden acudir y qué representación tendrán.
SIN APENAS ACTIVIDAD EN ESTOS AÑOS
La Comisión General de CCAA es una cumbre específica del Senado dado su carácter territorial y tiene la particularidad de que pueden intervenir los gobiernos, además de los grupos parlamentarios que lo deseen, y sus sesiones suelen ser muy largas.
En los últimos años no ha tenido prácticamente actividad salvo la imprescindible para revisar alguna ley y casi no ha celebrado debates autonómicos.
La última que se celebró fue en abril de 2022, hace más de un año, y la forzó el Gobierno para que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, hablara sobre el reparto de los fondos europeos con los Ejecutivos autonómicos.
Antes, en plena pandemia, el PP y el PNV se coaligaron en la Mesa del Senado para forzar una reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para hablar sobre el Covid-19, que quedó diluida por la representación que mandaron los Gobiernos regionales.
En la mayoría de estas sesiones, el Gobierno de Cataluña se ha solido ausentar y no ha decidido mandar a ningún representante, ya sea consejero o presidente.
UNA SESIÓN CON TRADUCTORES
Otra de las peculiaridades de esta Comisión General de las Comunidades Autónomas es el uso de los traductores e intérpretes, ya que fue el primero foro en las Cortes Generales en el que se aprobó la utilización de las lenguas cooficiales.
Al ser sesión ordinaria, los intervinientes tendrán la posibilidad de hablar en castellano, catalán, euskera y gallego, por lo que el Senado tendrá que movilizar a la bolsa de traductores cuando se convoca esta comisión, como es habitual.
En una de las reuniones anteriores, hubo algunos partidos que plantearon la posibilidad de renunciar a estas lenguas, aunque el PNV, ERC y Junts defendieron su derecho a usarlas, ya que está recogido en el Reglamento.
