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sábado, 21 diciembre
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Cs y PP trasladan su falta de apoyo a la reforma de la Ley de Policías Locales de C-LM

El nuevo proyecto viene a modificar la anterior normativa, vigente desde 2002, con el objetivo de adaptarla a la realidad actual de los cuerpos de Policía Local en la región

El proyecto de Ley por el que se reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha ha sido sometido a debate este jueves en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. El nuevo proyecto viene a modificar la anterior normativa, vigente desde 2002, con el objetivo de adaptarla a la realidad actual de los cuerpos de Policía Local en la región.

A pesar de la defensa por parte del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y del Grupo Parlamentario Socialista a través de su parlamentaria Ana Isabel Abengózar, los grupos parlamentarios de la oposición, Ciudadanos y Partido Popular, han manifestado contrariedades al nuevo texto.

El consejero de Hacienda ha afirmado que la reforma supone «un importante impulso de los cuerpos de policía local racionalizando su funcionamiento con un régimen jurídico homogéneo, pero siempre dentro del pleno respeto al principio constitucional de autonomía local».

Entre las principales novedades introducidas en la nueva norma, ha señalado el establecimiento de un mínimo de cuatro agentes para conformar un nuevo cuerpo de policía en los municipios que lo requieran.

«Un oficial y tres agentes de policía», ha aclarado. Con el objetivo de facilitar el acceso a los cuerpos de policía, el consejero ha señalado que se elimina el requisito mínimo de estatura.

También ha indicado que la reforma incluye la flexibilización de las permutas «con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida personal de los agentes», y el establecimiento de un reconocimiento a los agentes jubilados que podrán portar el uniforme en actos y galas oficiales.

«LIMITAR EXCESO DE TRASLADOS»

En el ámbito de funcionamiento operativo de los cuerpos y de su administración, Ruiz Molina ha destacado la ampliación de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, con la inclusión de tres representantes de las jefaturas de policía.

Además, ha señalado que la nueva normativa regulará la movilidad de agentes entre cuerpos, buscando «limitar el exceso de los traslados como forma de provisión de los cuerpos de policía».

El consejero ha señalado que, hasta el momento, la disposición de traslados sin concursos previos venía a reducir el número de efectivos, al nutrir a los nuevos cuerpos con agentes de otros municipios.

EL PSOE DEFIENDE LA REFORMA L

La parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha secundado la defensa del consejero al proyecto de reforma, afirmando que «con esta nueva redacción se ha tratado de adaptar la nueva normativa a la realidad», estableciendo, «una policía local más moderna, más cercana, más profesionalizada y más adaptada a las necesidades que demanda la ciudadanía».

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Junto a las modificaciones operativas de los cuerpos, su gestión y su coordinación, Abengózar ha destacado la inclusión de derechos para las mujeres que forman parte de estos cuerpos de policía.

«Por primera vez se regula y se recoge la protección de las mujeres agentes de policía durante sus periodos de gestación y lactancia», ha afirmado, poniendo como ejemplo la exención de servicios nocturnos durante el embarazo.

«Yo creo que en pleno siglo XXI esta modificación no solo es necesaria, sino justa», ha añadido.

Además, ha defendido que «este nuevo texto viene con el acuerdo unánime de todas las personas que componen la Comisión de Coordinación de Policías Locales», reclamando el mismo consenso para aprobarla a los grupos parlamentarios de la oposición.

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CS RECLAMA BLINDAR LA SEGURIDAD DE LOS AGENTES

A pesar de este llamamiento, los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Partido Popular han mantenido numerosas enmiendas frente al texto.

El portavoz de Ciudadanos, David Muñoz Zapata, ha afirmado que «más que una reforma supone un lavado de cara, no da satisfacción a las legítimas demandas de los principales cuerpos de policía locales de Castilla-La Mancha».

Entre otras cuestiones, ha valorado que el proyecto no responde a la necesidad de «blindar la seguridad de los agentes, creando un equipo de protección mínima oficial».

En el mismo sentido, ha reclamado que se solvente la necesidad de «patrullas unipersonales».

Además, ha planteado la necesidad de responder a la inviabilidad económica de mantener cuerpos de policía en los municipios de menos de 2.000 habitantes con la creación de mancomunidades de policía locales, apuntando que el reconocimiento de la posibilidad de crearlas recogida en el proyecto de reforma, «no aporta nada si no se acompaña de una política pública de fomento y colaboración».

Asimismo, ha señalado la necesidad de unificar los procesos de oposiciones de todos los cuerpos de policía local de la región. Por último, ha reclamado que la Comisión de Coordinación de Policías Locales incluya «al sindicato mayoritario entre policías locales».

EL PP RECLAMA REFORMAS DE MÁS CALADO

Una reclamación sobre la composición de la Comisión que también ha planteado el Grupo Parlamentario Popular a través de su diputado Miguel Ángel Rodríguez, que ha planteado aumentar a 8 los representantes de organizaciones sindicales, frente a los 6 que recoge el texto del proyecto de ley.

Rodríguez ha apuntado a la necesidad de establecer mecanismos para garantizar el desarrollo de la carrera profesional en el mismo cuerpo de policía local.

«Se trataría de propiciar mayores expectativas de desarrollo de la carrera profesional en un cuerpo de policía. Redundaría en beneficio de los vecinos y también de los municipios que cuentan con cuerpos de policía», ha añadido.

Con el mismo objetivo, ha planteado que el proyecto no incluye un «marco retributivo homogéneo entre los cuerpos de policía locales de Castilla-La Mancha».

Un mecanismo mediante el cual, ha planteado que «se propiciaría una mayor fidelización entre los agentes y una mayor estabilidad de las plantillas».

Además, ha señalado que, entre sus enmiendas, se encuentra el establecimiento de herramientas de «gestión policial común» que facilitarían «una mejor y una mayor coordinación es imprescindible para mejorar las intervenciones».

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