El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha una nueva ayuda al alquiler para personas especialmente vulnerables a través del Plan Estatal de Vivienda, que entrará en marcha el 17 de febrero.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha dado cuenta de esta medida que ha sido adoptada en el último Consejo de Gobierno y ha asegurado que «hay que abordar no solo lo necesario, sino también lo urgente, y hay situaciones donde por el conducto ordinario es imposible llegar a tiempo para solucionar un problema, ya que es inminente y supone el que haya personas que pasen la noche sin un techo; y esto no puede ser».
Además, ha dicho que «esto no es digno de una región que hace bandera y hace gala de elevar el suelo mínimo de dignidad de todas las personas y es por ello, que programas como éste nos van a permitir seguir construyendo una sociedad digna y una sociedad solidaria».
Nacho Hernando ha asegurado que a través de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha (Red EAPN), formada por diferentes entidades del Tercer Sector de la región, «se facilitará directamente una solución habitacional inmediata de urgencia a personas especialmente vulnerables sin hogar o en grave riesgo de perderlo».
De esta manera, la nueva convocatoria de ayudas dirigida a personas especialmente vulnerables cuenta con novedades que, como ha explicado el responsable de Fomento, son entre otras «el trabajo en red y coordinado entre la Consejería de Fomento con la Consejería de Bienestar Social y las entidades del tercer sector de la región».
Asimismo, Hernando ha asegurado que «vamos a poder ofrecer soluciones habitacionales inmediatas a quienes se encuentran sin hogar o en grave riesgo de perderlo» y que no se requiere, como hasta ahora en las ayudas al alquiler, tener un contrato de alquiler en vigor, ha informado la Junta en un comunicado.
Las ayudas pueden llegar al 100 por cien de los costes de alquiler, con un máximo de 600 euros y no solo se subvenciona la ayuda al alquiler, sino que también se pueden incluir otros gastos derivados de la vivienda, como seguros, comunidad o suministros básicos, hasta un máximo de 200 euros.
Las personas y familias beneficiarias de esta ayuda contarán, además, con un proceso de intervención social, llevado a cabo por la Consejería de Bienestar Social y las entidades del Tercer Sector para que la solución no se limite a la vivienda, sino a una intervención integral que aborden todos los aspectos que causan exclusión.
Los destinatarios de estas ayudas son las mujeres víctimas de violencia de género; mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual o víctimas de violencia sexual; las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual; aquellas personas afectadas por un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria por su condición de propietaria, prestataria, hipotecante o tercer poseedor, así como personas objeto de desahucio de alquiler, precario o cesonario de uso por cualquier título, por causa de falta de pago.
Asimismo, se podrán beneficiar de esta ayuda las personas sin hogar que viven a la intemperie, en refugios nocturnos, albergues, alojamientos temporales ofrecidos por instituciones públicas o privadas, en viviendas inseguras o inadecuadas; las personas perceptoras de Ingreso Mínimo de Solidaridad o de Ingreso Mínimo Vital cuyos ingresos económicos no puedan garantizar el mantenimiento de una vivienda; y otras situaciones de especial vulnerabilidad que supongan una posible pérdida de la vivienda o tengan dificultad para el mantenimiento de la misma.
