El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha advertido de que el Gobierno regional desarrollará «una política presupuestaria rigurosa» para promover el crecimiento económico y social e impulsar la transformación digital de la Administración regional, con el objetivo de situarla como «uno de los principales motores de progreso en Castilla-La Mancha».
Así lo ha destacado durante su comparecencia este miércoles en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes para dar cuenta de las líneas generales de actuación en su ámbito competencial a lo largo de esta legislatura, que se concentran en más de 70 medidas, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Ruiz Molina ha hecho hincapié en que una de las principales novedades con respecto a la anterior legislatura es la modificación del nombre de la Consejería que incorpora nuevas competencias, fundamentalmente de carácter tecnológico.
En este sentido, ha indicado que la Consejería de Hacienda, Administraciones y Transformación Digital, que siempre ha tenido «un fuerte carácter transversal», coordinará los recursos financieros, humanos y tecnológicos, tres instrumentos que ha considerado «básicos para reforzar el papel de la Administración regional como uno de los grandes motores del crecimiento económico de Castilla-La Mancha».
REFORMAR EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El consejero ha comenzado su intervención subrayando la necesidad de disponer de «una fuente de ingresos estable y suficiente», al tiempo que ha señalado que «lo más importante es seguir reclamando a la Administración del Estado la reforma del sistema de financiación autonómica». Concretamente, ha incidido en que el nuevo modelo «debe ser negociado y aprobado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera», en el que están representados el Gobierno de España y las comunidades autónomas y nunca de manera bilateral y ha opinado que debe sustentarse «en tres ejes principales».
El primero, ha dicho, es que se eleve el total de los recursos financieros para el conjunto de las regiones y que se tenga en cuenta el coste real de prestar los servicios. Para ello, ha abogado por que la superficie sea un elemento estructural para calcular el coste efectivo de prestar esos servicios y ha propuesto la incorporación de un fondo adicional para aplicar medidas contra la despoblación.
El segundo eje, ha proseguido, «es que se aborde una condonación de la deuda pública que mantenemos con el Estado», que en el caso de Castilla-La Mancha es del 75 por ciento, y ha planteado que sea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el organismo que se encargue de calcular qué parte de ella se debe a la infrafinanciación. Y el tercer y último eje es que se acometa «un proceso de armonización fiscal para evitar situaciones de desigualdad entre comunidades autónomas en política tributaria», ha matizado.
Ruiz Molina también ha trasladado a los grupos parlamentarios que el Ejecutivo autonómico mantendrá su compromiso de que la política fiscal sea «pactada» en Castilla-La Mancha con los agentes sociales y de mantener congelada la presión fiscal.
NUEVAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO
Respecto a los recursos humanos, el consejero ha asegurado que está previsto aprobar a lo largo de la legislatura ofertas de empleo público con un total de 12.000 plazas, de las que 5.000 serán para Sanidad y 3.000, para Educación. En este ámbito, ha anunciado que, antes de acabar el año, se aprobará la nueva oferta correspondiente a 2023.
Y, en relación a las condiciones retributivas, ha dicho que se están aplicando los porcentajes máximos previstos en el Acuerdo Marco firmado el 19 de octubre de 2022 por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales para el periodo 2022-2024, en el que se establece para el citado periodo una subida fija del 8 por ciento, que puede llegar a ser del 9,5 por ciento, en función de la variación del IPC y de la evolución del PIB nominal.
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
En el ámbito de los recursos tecnológicos, ha recordado que se pondrá en marcha la Agencia de Transformación Digital para dar «un empujón a la modernización tecnológica de los servicios públicos que estamos llevando a cabo y seguir incentivando la innovación empresarial», permitiendo a las empresas ser competitivas en un mercado cada vez más internacionalizado.
Del mismo modo, se diseñará una estrategia en ciberseguridad que tendrá como objetivos incrementar las capacidades de la Administración para detectar posibles ataques a priori y adelantar acciones para contrarrestarlos, reforzar el personal especializado en este ámbito y potenciar la formación y concienciación. Igualmente, pretenden dotar a la región de de una administración «totalmente digitalizada y personalizada, utilizando como principal soporte tecnológico la inteligencia artificial», ha afirmado el consejero.
LEY DE EMERGENCIAS Y COLABORACIÓN CON LA FEMP
En relación a la seguridad, ha explicado que se abordará una Ley en materia de Protección Civil y Emergencias que incluiría, entre otros aspectos fundamentales, los derechos y deberes de los ciudadanos en la materia y las funciones y acciones a realizar por las diferentes administraciones públicas, organismos, centros, establecimientos y servicios llamados a intervenir, antes, durante y después de una situación de emergencia.
Finalmente, en relación a la Administración Local, ha señalado que una de las principales actuaciones que se pretende llevar a cabo es proseguir y potenciar la colaboración con la FEMP de Castilla-La Mancha.
PP RECRIMINA LA LISTA DE ALTOS CARGOS
Mientras, ‘popular’ José Antonio Martín-Buro, ha afeado la contratación en las últimas semanas de 21 asesores y altos cargos por valor de un millón de euros en el Gobierno de García-Page, mientras la función pública sufre «un empobrecimiento» ya que la realidad está suponiendo que, con el aumento actual de los tipos de interés, de los suministros y también de todos los costes, los trabajadores «no sienten las mínimas subidas que ha habido dentro de los empleados públicos», según ha informado el PP en nota de prensa.
Martín-Buro ha dicho que el Gobierno de Castilla-La Mancha «no necesita engordar aún más la lista de los altos cargos y asesores para ser eficaz», ya que «su eficacia no está sujeta a los a los altos cargos». Por todo ello, Martín-Buro ha denunciado que esa contratación de 21 asesores y altos cargos por valor de un millón de euros es para colocar a los cargos socialistas que se han quedado fuera de sus cargos en las pasadas elecciones.
Asimismo, José Antonio Martín-Buro ha hecho referencia a otros asuntos de interés para la Comisión como la importancia del desarrollo del teletrabajo y los planes que tiene la Consejería para desarrollar la Ley de Función Pública.
PSOE DEFIENDE EL CAMBIO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Por su parte, el socialista Fernando Mora ha defendido que «va siendo hora» de que se afronte el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha para que se tenga en cuenta «peculiaridades como la dispersión territorial», según ha informado el PSOE en nota de prensa.
Ha añadido que «sin lugar a duda, de ese modelo dependen los futuros desarrollos de nuestra Comunidad Autónoma», recordando que el actual sistema de financiación fue aprobado en 2009 y que «desgraciadamente» no ha sido actualizado.
Es muy importante, ha insistido Mora, que se tengan en cuenta las peculiaridades de Castilla-La Mancha, nombrando la población y la dispersión territorial. Motivos suficientes, ha dicho, «como para pensar que obviamente también hay que pedirle a la Administración General del Estado, en el momento en que se vaya a discutir este tema, que hay una deuda histórica con la comunidad autónoma que hay que afrontar de una u otra manera».
