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martes, 24 diciembre
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El Gobierno lanza una medida para evitar sanciones a los viticultores afectados por la sequía

Para aquellos que no hayan podido ejecutar sus autorizaciones de plantación por la sequía

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una disposición que evitará penalizaciones a los viticultores que no hayan podido ejecutar sus autorizaciones de plantación por la sequía que están transitando zonas de España.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informa de que esta medida se aplicará a las autorizaciones con superficie en las provincias afectadas por sequía que las comunidades autónomas hayan delimitado en virtud del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado de la guerra en Ucrania y de las condiciones climatológicas.

El Ejecutivo explica que la disposición legislativa habilita a las comunidades autónomas a poder exceptuar de la aplicación de las correspondientes sanciones por inejecución de autorizaciones a los titulares de estas que caduquen en 2023, al considerar la sequía como causa de fuerza mayor.

En concreto, el ministerio explica que las condiciones climáticas han afectado a las operaciones de manejo del viñedo ordinarias en cada época del año y, de manera más concreta, a las acciones de plantación de nuevas viñas. La falta de lluvia en los meses clave para su realización, junto con la caída de las reservas de agua para los regadíos, ha obligado en muchos casos a retrasar la ejecución de estas plantaciones hasta que ha resultado imposible realizarlas.

Con la medida anunciada en el Consejo de Ministros, el Gobierno indica que se trata de evitar el perjuicio que puedan suponer las sanciones a los titulares de las autorizaciones que caducan este año y que no pueden ejecutarlas por la falta de precipitaciones en los meses claves para la plantación de viñedo.

Asimismo, será completada en las próximas semanas con otras flexibilizaciones en materia de autorizaciones de viñedo que aprobará la Comisión Europea, como la posibilidad de prorrogar la validez de las autorizaciones.

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