La Asociación Nacional de Productores de Biodiésel a partir de Residuos en España (Ewaba) ha manifestado en un comunicado que plantea ejecutar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en toda la industria del biodiésel ante la falta de una regulación nacional de la normativa de sostenibilidad ambiental FQD (Fuel Quality Directive), que ya está en vigor.
La asociación ha indicado que la obligación de reducir un 6 % las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles, marcada por el Real Decreto Ley 6/2022, no está aún regulada por el Gobierno, al igual que tampoco existe un dictamen sobre las mezclas de biocombustible permitidas.
Según Ewaba, esta situación genera un «limbo legal» en el que los grandes operadores petrolíferos que tienen capacidad de coprocesado están mezclando su producto sin restricciones, lo cual está «reduciendo considerablemente la competencia y encareciendo los precios repercutidos al consumidor final», ha asegurado el presidente de la asociación, Enrique González.
Además, González ha señalado que, como los operadores al por mayor con capacidad de refino están acaparando todo el mercado de los biocombustibles, la demanda de biodiésel en España ha caído drásticamente, hasta los «cero litros».
Por ello, la asociación ha puesto de manifiesto que la mayoría de las plantas de biodiésel españolas llevan paradas desde enero y están poniendo en marcha planes de ERTE para gran parte de la plantilla.
Las plantas afectadas se encuentran en zonas rurales de la península (Altorricón, en Huesca; Algemesí, en Valencia; Cuenca; Linares, en Jaén; Los Santos de Maimona, en Extremadura; y Calahorra, en La Rioja), por lo que la situación agrava las dificultades económicas que ya atraviesan estos territorios.
Así, Ewaba ha solicitado al Gobierno que publique «de forma inmediata» toda la normativa que regula el Real Decreto, para que la competencia no favorezca una tecnología y medios en detrimento de otros, sino que se compita «vía reducción de emisiones y coste final que se repercute al consumidor».
