El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha pedido este lunes a los consejeros de las comunidades autónomas que basen las flexibilidades de determinados requisitos de la Política Agraria Común (PAC) en un análisis detallado de las condiciones climáticas de su territorio, para evitar posteriores correcciones financieras de la Comisión Europea (CE) que afecten a sus agricultores y ganaderos.
En concreto, Planas ha remitido esta mañana una carta a los representantes de las CCAA en la que les ha recordado que el Plan estratégico de la PAC 2023-27 es fruto de la «gran diversidad» del territorio español y del clima, que conforman la agricultura y la ganadería de España «con diversos modelos de producción y una extraordinaria riqueza de cultivos y producciones ganaderas».
«Con el objetivo de tener en cuenta esta diversidad, el Plan estratégico recoge ocho prácticas posibles para optar a las ayudas de los ecorregímenes, adaptadas a los distintos usos del suelo», ha señalado en la misiva, donde ha recordado que la normativa de desarrollo del plan «prevé diferentes flexibilidades para tener en cuenta las situaciones que puedan darse en las distintas zonas de España».
De esta forma, Planas ha citado como ejemplos que los requisitos de los ecorregímenes pueden variar en función de si un pasto es húmedo o mediterráneo; o de si una tierra de cultivo es de secano o regadío, y se establece la posibilidad de que las comunidades autónomas, en función de las condiciones climáticas, puedan ajustar diferentes parámetros, como la carga ganadera o el porcentaje máximo de barbecho, entre otros.
El titular del ramo ha subrayado en su carta que «esta potestad de las comunidades autónomas es necesaria, a la vista de las grandes diferencias de condiciones climáticas en España, que dificultan la toma de decisiones a nivel nacional que satisfagan las necesidades de todo el territorio».
De esta forma, ha apelado al «conocimiento cercano y profundo de la realidad» sectorial y del territorio de los máximos responsables de las comunidades autónomas para que la decisión de aplicar «una o varias de las flexibilidades previstas en la normativa» se haga con «responsabilidad», y evitar que la decisión que adopten «pueda conllevar en términos de correcciones financieras» para la comunidad autónoma.
Planas ha recordado que «a la hora de adoptar una decisión» es «importante» que se haga en base a un «análisis detallado de las condiciones climáticas» de la región, con información detallada sobre si la situación es uniforme en todo el territorio o afecta del mismo modo a todas las producciones.
Así, el objetivo es «delimitar, de forma clara, las zonas en las que es necesario aplicar estas flexibilidades», sin que supongan un desvío en el cumplimiento de los objetivos medioambientales y recogidos en el Plan estratégico, que serán fiscalizados por la Comisión Europea.
Por ello, ha recomendado a las comunidades autónomas que empleen indicadores objetivos en los informes en los que amparen sus decisiones, los cuales deben quedar a disposición de los procedimientos de fiscalización del gasto, particularmente «importantes por tratarse de fondos comunitarios».
A este respecto, ha recordado que las consecuencias financieras que pudieran derivarse del recurso indebido a las flexibilidades deberán ser asumidas por la comunidad autónoma.
«Los agricultores y ganaderos deben contar con la estabilidad necesaria a la hora de tomar decisiones», ha recalcado Planas, puesto que las flexibilidades son «ajustes puntuales a lo largo del periodo» de aplicación de la PAC y deben adoptarse con «responsabilidad».
