El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado este martes sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno para aplicar un incremento salarial adicional del 0,5 % a los empleados públicos de la región, que se abonará en la nómina de este mes de octubre.
Este incremento afectará a 96.000 empleados ya que, según ha expuesto el consejero en rueda de prensa, «junto a los empleados y empleadas de la administración regional, hay que abonárselo también a los empleados públicos de la Universidad de Castilla-La Mancha y también al profesorado vinculado a las plazas públicas en centros de enseñanza concertados».
El aumento salarial supondrá «un impacto económico en las cuentas de 2023 de 19,8 millones de euros». Sin embargo, Ruiz Molina ha precisado que se trata de un gasto previsto en los presupuestos de 2023 ante las previsiones de inflación.
A través de este incremento adicional, el Gobierno de Castilla-La Mancha responde al acuerdo que «el Gobierno de la nación y las organizaciones sindicales firmaron en octubre de 2022», que establecía incrementos adicionales del salario en función del incremento de la inflación.
De esta forma, según ha apuntado el consejero, «el incremento retributivo en 2023 será del 3 % porque se suma al 2,5 % de incremento fijo aplicado a inicios de año».
Además, ha precisado que «tiene carácter retroactivo al 1 de enero de 2023» que se abonará, según las previsiones de la administración regional, «en la nómina del mes de octubre».
Ruiz Molina ha señalado que la aplicación del incremento máximo responde a la voluntad del Ejecutivo regional de «aplicar los incrementos máximos que autoriza la legislación básica del Estado».
Asimismo, ha precisado que este incremento adicional es susceptible de aumentar en otro 0,5 % más en el mes de diciembre «en caso de que el dato de inflación anual supere el 6 %».
Por otra parte, ha adelantado que en el año 2024 «las retribuciones experimentarán un incremento fijo del 2 % que también podrá recibir un incremento adicional en función de la inflación».
Ruiz Molina ha manifestado el compromiso de «apurar todas las posibilidades que permite la legislación básica del Estado», ya que «el capital humano es esencial para mejorar la calidad de los servicios que prestamos a los ciudadanos».
