El Fiscal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, ha manifestado este miércoles su preocupación ante la lentitud de la justicia y la evolución de algunos delitos en la región. Durante su presentación ante la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha de la Memoria 2022 de la Fiscalía, Fernández ha planteado que «una justicia lenta no es justa».
En esta línea, ha señalado que «la respuesta lenta, que es una cuestión general, no es una cuestión exclusiva de Castilla-La Mancha» está provocando «una dilación en los procedimientos en ocasiones de muchos años». Sobre este segundo aspecto, ha advertido que, en 2022, «se señalaron 18.000 juicios pero se suspendieron más de la mitad».
El Fiscal Superior ha señalado la necesidad de mejorar aspectos para atajar la demora en los procesos, como «el aumento de personal» y atajar el elevado volumen de «suspensión de procedimientos».
Fernández ha señalado que en Castilla-La Mancha hay en la actualidad «89 fiscales repartidos en las cinco fiscalías provinciales y tres en la fiscalía autonómica», junto a «un número equivalente de funcionarios».
Unas cifras que quedan lejos de las aspiraciones que fija en la Memoria la fiscalía, situando las necesidades judiciales de la región en 105 fiscales.
Junto a los problemas estructurales, Fernández ha desgranado los aspectos «más llamativos» de la evolución de los delitos en Castilla-La Mancha, destacando el volumen de «delitos contra la libertad sexual».
«Es preocupante es que de los 124 sumarios ordinarios que se incoaron en Castilla-La Mancha en el año 2022, dos tercios, es decir, casi 100, sean por delitos contra la libertad sexual de menores, fundamentalmente sobre niñas», ha declarado en este sentido.
VUELVE A CRECER LA VIOLENCIA MACHISTA
Otro de los elementos sobre los ha advertido es el incremento de «violencia de género que vuelven a crecer en 2022».
«Es una realidad creciente», ha advertido Fernández, que ha destacado algunos indicadores como «la apertura de 2.260 Diligencias Previas, que dieron lugar a 506 procedimientos abreviados».
Para hacer frente a esto, ha destacado la necesidad de mejorar aspectos como «los juicios rápidos».
Según ha expuesto el fiscal, a pesar de que la ley establece que se tienen que celebrar en 15 días, «no es infrecuente que se dilate hasta los tres o cuatro meses».
OTROS TIPOS DELICTIVOS Por otra parte, Fernández ha señalado que a lo largo de 2022 se vio un incremento general de delitos relacionados con patrimonio, con una cifra «de 1.500 casos, lo que supone un incremento del 15%».
A pesar de que algunos tipos específicos como los delitos de usurpación «han descendido», el Fiscal Superior ha destacado el incremento de la «ciberdelincuencia, principalmente relacionada con estafas».
MÁS SINIESTRALIDAD LABORAL
Al margen del ámbito penal, Fernández ha transmitido su preocupación en torno al aumento de «la siniestralidad laboral», sobre la que la ha trabajado «a través de reuniones con las organizaciones sindicales».
Entre los mecanismos que señala como necesarios para afrontar la situación, destaca el aumento de «los medios de la Inspección de Trabajo».
Asimismo, ha puesto énfasis en el incremento del «acoso escolar en todas sus vertientes».
En este sentido, advierte que «se detecta que normalmente las entidades administrativas de educación no ponen en marcha los protocolos anti acoso si no media una denuncia de la víctima».
En este ámbito, Fernández ha llamado a valorar la medida de «prohibir los teléfonos móviles en los centros escolares», que ha señalado como una de las vías de incremento del acoso, planteando que «ya se ha establecido en dos comunidades autónomas».
Por último, ha manifestado la preocupación en su institución por la situación «de las personas de la tercera edad o personas que necesitan apoyo por tener alguna discapacidad».
En este ámbito, ha planteado las dificultades que ha entrañado la adaptación legislativa para sustituir la figura de tutores por otras como cuidadores.
ACTIVIDAD NORMATIVA
Por otra parte, Emilio Manuel Fernández, ha valorado el componente normativo en la actividad de la Fiscalía, señalando que se han elaborado «cuatro instrumentos normativos».
Por un lado, la Fiscalía ha elaborado un decreto, «con motivo del estallido de la invasión rusa a Ucrania por los refugiados», cuyo objetivo ha sido «coordinar la actuación de todos los organismo públicos y privados de la comunidad» en la recepción de refugiados.
Por otro, ha realizado «tres instrucciones» relativas a la «protección de datos», la «coordinación de las Fuerzas de Seguridad con la Fiscalía», y otra destinada a la «protección de las personas en los procedimientos seguidos como consecuencia de la pandemia de Covid-19».
VOX REIVINDICA UNA JUSTICIA ÁGIL Y CERCANA
Tras la intervención del Fiscal Superior, los distintos grupos parlamentarios han intervenido para valorar la presentación de la Memoria.
Por parte de Vox, el diputado Francisco José Cobo Navarro ha manifestado la necesidad de una «justicia ágil, cercana al ciudadano y con medios».
En este sentido, ha planteado la necesidad de hacer frente a la «falta de personal y de medios materiales» que afecta a la justicia castellano-manchega.
Asimismo, ha planteado la necesidad de «despolitizar la justicia», ya que su funcionamiento «pasa por garantizar la independencia del poder judicial.
Justicia libre de cualquier intromisión de interés partidista.
EL PP RECLAMA LA AMPLIACIÓN DE PERSONAL
De su lado, el Grupo Parlamentario Popular, a través de su diputada Tania Andicoberry, ha reclamado responder a «esa necesidad y esa petición de medios humanos para la fiscalía».
En este sentido, Andicoberry ha asumido como propia la recomendación de contar con 105 fiscales a nivel autonómico, ya que, en la actualidad, Castilla-La Mancha se sitúa como «la segunda comunidad con la ratio más baja» de fiscales por habitantes, que se suma a los problemas generados por la «dispersión territorial».
En cuanto a las cifras de delitos, la portavoz del Partido Popular ante la Comisión, ha manifestado su preocupación por el incremento de los delitos cometidos en la región.
«La Memoria recoge 80.900 hechos delictivos que suponen un incremento del 15%», ha subrayado al respecto.
EL PSOE DESTACA LA PROTECCIÓN DE DATOS
Por último, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Tomás Godoy, ha destacado su «preocupación» en torno a las medidas de protección de datos, relacionadas con la instrucción elaborada por la fiscalía.
El portavoz socialista ha planteado que la misma «no se ha conocido lo suficiente», siendo necesaria una labor mayo de «concienciación social».
Por otra parte, también ha asumido la necesidad de respaldar «esa petición de 105 fiscales en Castilla-La Mancha», reconociendo que la falta de personal «se viene arrastrando desde las memorias de 2020 y 2021».
Además, ha destacado su inquietud ante «los 18.000 juicios suspendidos».
