El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha lamentado que los malos augurios que predijo en febrero de este año al respecto de la implantación de la nueva ley de universidades (LOSU) se están cumpliendo, después de que los rectores españoles hayan estimado en 844 millones de euros el coste que supondrá para las instituciones académicas.
Esta reflexión llega un día después de que los rectores apuntaran que la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) supone, «contra lo que recoge la memoria» de la norma, «cuantiosos» costes directos para los presupuestos de las universidades públicas, estimados en, al menos, 844 millones de euros.
Así lo refleja el estudio ‘Financiación Pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario’, presentado este martes por Crue Universidades Españolas, que cuantifica la dimensión del compromiso financiero de la nueva ley y analiza las condiciones que acompañan a la aplicación de dicho compromiso y la viabilidad de su cumplimiento.
«Este análisis del gasto sorprendentemente no está recogido en la Memoria de la LOSU, que dice que el impacto de la aplicación de la ley es de 54 millones de euros y nuestro análisis es que son 844 millones de euros. Esto lo tienen que recoger los Presupuestos Generales del Estado si la Ley tiene que ser aplicada», ha advertido José Antonio Pérez, de la Universitat Politècnica de Valencia, uno de los dos autores del estudio.
El trabajo, elaborado por el propio José Antonio Pérez (Universitat Politècnica de Valencia) y Juan Hernández (Universidad de Jaén), calcula los efectos que pueden resultar de aplicar disposiciones de la LOSU en materia de personal docente e investigador sobre el presupuesto de gastos de las universidades públicas.
Los rectores de las universidades españolas consideran que estos costes inducidos «deben ser financiados directamente por los Presupuestos Generales del Estado, al mismo ritmo temporal que requiere la aplicación del articulado de la Ley».
En concreto, el estudio detalla que en 2024 las universidades públicas deberán hacer frente a los costes de la aplicación de las limitaciones horarias docentes de asociados, ayudantes doctores y profesorado permanente por un importe estimado de, al menos, 225 millones de euros.
En el horizonte de 2030, la reducción de la temporalidad y la mejora de la calidad de la plantilla supondrán un coste adicional para las universidades públicas de 424 millones euros.
Anualmente la reposición de efectivos por jubilación, según asegura el documento, supondrá que las universidades públicas deberán asumir sus costes de Seguridad Social que hasta ahora habrá sido asumida por el Estado, pues los jubilados cotizaban a Muface. Asumir tales costes supondrá un importe adicional de 195 millones de euros.
«De no producirse esta financiación, la LOSU devendrá inaplicable por parte de las universidades públicas. Los Presupuestos Generales del Estado para 2024 deben comenzar a recoger necesariamente las dotaciones de crédito necesarias para financiar estos costes», advierte la CRUE.
El estudio concluye que la Administración central, impulsora y proponente de la LOSU, «debe asumir con sus propios recursos la mayor parte del incremento de suficiencia de 3.180 millones de euros de gasto público que supone cumplir el objetivo de alcanzar el 1 % del PIB».
REFORZAR LA POLÍTICA DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
También agrega que, para que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades, es «imprescindible» que España refuerce la dimensión de la política de becas y ayudas al estudio en un importe cercano a los 1.000 millones de euros, priorizando las ayudas ligadas a las familias con renta baja.
Asimismo, para que se cumpla el principio de equidad, la mejora de la suficiencia prevista en la LOSU «debe tener en cuenta las desigualdades de PIB per cápita regionales existentes en España y, en consecuencia, no utilizar la proporción del 1 % de cada PIB regional como guía para la asignación de recursos, sino la variable estudiante equivalente, con la finalidad de priorizar el principio de equidad». «Por ello, el Estado debe ser el principal financiador de esta mejora de suficiencia», sentencia la CRUE.
Para completar la mejora de suficiencia, el estudio explica que el Gobierno central puede proponer y desarrollar programas, cofinanciados por las comunidades autónomas, destinados y condicionados a promover programas de estímulo de la excelencia de las universidades de cada territorio: atracción de investigadores y alumnos de excelencia, impulso a la relevancia internacional y la excelencia de la investigación, mejora de la empleabilidad o extensión de la transferencia tecnológica.
DIFERENCIAS ENTRE CCAA DE 70 PUNTOS EN EL GASTO POR ESTUDIANTE
El informe de los rectores defiende que el Gobierno central «no debería esperar» que el esfuerzo presupuestario mayoritario para cumplir el objetivo del 1 % PIB de gasto público universitario procediera del ámbito de los gobiernos regionales, sino de la propia hacienda estatal. «No existe ninguna restricción competencial para que la Administración central pueda desarrollar programas sectoriales para financiar a las universidades», zanja.
En este sentido, el documento recuerda que el traspaso de competencias de la educación universitaria a las comunidades autónomas se produjo entre 1985 (Cataluña) y 1996 (Islas Baleares), aplicando el principio del «coste efectivo», que reflejaba el gasto universitario que realizaba el Estado en cada territorio en el momento de cada traspaso.
El gasto por estudiante, que fue traspasado como coste efectivo a las diferentes regiones, presenta diferencias de más de 70 puntos porcentuales entre territorios.
Por ello, la investigación de la Crue considera «evidente» que cuando el Estado gestionaba las competencias universitarias «no aplicaba a la provisión de este servicio público un principio de equidad» (asignar los recursos por igual, en cantidad y calidad, para atender las necesidades de los usuarios de los servicios públicos, independientemente de su territorio de residencia).
Entre 1996 y 2020, las comunidades autónomas han priorizado el gasto en política universitaria, pasando del 0,36 % a un 0,68 % del PIB, lo que supone un incremento del 88 % de gasto real. Este incremento se ha producido en un contexto en el que los recursos no financieros del sector público autonómico han registrado solo una variación real del 11 %, pasando del 13,4 % del PIB en 2003, al 14,9 % en 2019 (año prepandémico).
EL GOBIERNO «DEBE APORTAR RECURSOS ADICIONALES» A LAS CCAA
Durante su intervención, la presidenta de la Crue, Eva Alcón, ha incidido en que la Administración General del Estado «debe aportar recursos adicionales a las comunidades autónomas y éstas deben asumir parte de los recursos que corresponden para aplicar la ley».
«Esta trabajo pretende ayudarnos a comprender el contexto en el que partimos, los objetivos que deberíamos alcanzar y quién tiene que hacerlo posible», ha señalado Alcón, quien ha recordado que la LOSU recoge en su introducción la infrafinanciación de las universidades y el compromiso de destinar como mínimo el 1 % del PIB.
Para la presidenta de los rectores, el «mayor reto» que tienen en estos momentos es saber «cómo se va a producir» el aumento de la financiación del sistema universitario, hasta alcanzar el 1 % del PIB. «En estos momentos seguimos sin saber cómo se va a realizar», ha criticado.
