El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha destinado 978,8 millones de euros para la formación de trabajadores en 2023, un reparto que ha sido validado en la Conferencia Sectorial de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo celebrada este jueves.
También se ha celebrado la Conferencia Sectorial de Educación y en ambas reuniones se ha abordado el proyecto de Real Decreto de Ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional, según ha informado el Ministerio.
Por una parte, las comunidades han dado luz verde al reparto de cerca de 867,3 millones, procedentes de los presupuestos del Ministerio, para la formación de trabajadores, empleados y desempleados, lo que supone un incremento de casi 21 millones de respecto al ejercicio anterior.
También han aprobado la distribución de 111,5 millones de euros para la cualificación y la recualificación de los trabajadores, casi un 30 % más que en el año 2022, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que servirán para acciones formativas basadas en módulos de entre 30 y 60 horas de formación referenciada en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
REAL DECRETO DE ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Por otra parte, las CCAA han examinado el borrador de Real Decreto de ordenación de FP, que «flexibiliza» el sistema para facilitar el acceso de toda la población a la Formación Profesional, con el fin de «mejorar la empleabilidad y responder a la alta demanda de profesionales especializados en los distintos sectores productivos» y que permitirá la implantación en su totalidad de la Ley orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobada en marzo de 2022.
El texto da luz verde a la creación de «múltiples ofertas formativas de diversas tipologías y duraciones, adaptadas a las necesidades de cada persona». Todas ellas tendrán validez dentro del sistema de Formación Profesional, serán acreditables, e irán sumando en la trayectoria formativa de los trabajadores. El nuevo sistema «garantizará que toda la oferta formativa pueda ofertarse también por módulos individuales o agrupados, abriéndose así múltiples posibilidades de formación».
En el caso de los ciclos formativos de Grado Medio y Superior (grado D), la parte troncal obligatoria estará formada por módulos profesionales, módulos asociados y por el proyecto intermodular. Entre los módulos asociados, se incorpora, por primera vez, dos módulos de Itinerario personal para la empleabilidad, uno en cada curso, otro de Digitalización aplicada al sistema productivo, un módulo de Sostenibilidad y, por último, un módulo de Inglés técnico.
También contempla el diseño de itinerarios integrados en los que se podrán combinar ciclos de diferentes grados, así como dobles titulaciones de grado medio, de grado superior o de dos cursos de especialización. Además, promueve las ofertas de doble titulación internacional y define las funciones que asumirán el tutor dual de centro y el tutor dual de empresa.
NUEVAS FIGURAS EN LA ENSEÑANZA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Asimismo, el texto incorpora al sistema de FP nuevos perfiles como los expertos de empresa, que podrán impartir docencia en caso de que sea necesario; los expertos senior de empresa, que podrán incorporarse a los equipos docentes cuando así se requiera para cubrir necesidades de formación o garantizar la actualización permanente de los currículos; el experto senior docente, que podrá desempeñar tareas de mentoría; y el prospector de empresas, que facilitará el contacto entre el centro y las empresas del entorno.
Por otra parte, los centros contarán con un responsable de innovación, otro de internacionalización y un coordinador del servicio de orientación profesional, emprendimiento y del procedimiento de acreditación de competencias profesionales.
Antes de llegar a ambas sectoriales, el proyecto de real decreto ha sido debatido «en cerca de una veintena» de reuniones mantenidas entre el Ministerio y las distintas CCAA, los interlocutores sociales, en el marco de la Mesa de Diálogo Social por la FP, en el Consejo Escolar del Estado y en la Comisión General de Formación Profesional.
LA POSICIÓN DE CLM
La consejera de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Rosa Ana Rodríguez, ha valorado la propuesta sobre los criterios de distribución de los distintos programas de cooperación territorial en Formación Profesional para 2023 «porque tienen en cuenta algo fundamental, la dispersión demográfica y geográfica, algo que beneficia a Castilla-La Mancha», asi como «el número de alumnado matriculado en estas enseñanzas en centros sostenidos con fondos públicos o el número de centros que imparten FP».
Por otra parte, ha mostrado su respaldo al proyecto de Real Decreto de Ordenación del Sistema de Formación Profesional que está elaborando el Ministerio, «porque consideramos que el mismo aúna la FP del sistema educativo y la FP para las personas trabajadoras, estableciendo conexiones y posibilitando las pasarelas entre una y otra».
«DIFICULTADES» PARA INCORPORAR EXPERTOS COMO DOCENTES
Durante la reunión, el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades de la Xunta, Román Rodríguez, ha exigido al Ministerio una mayor financiación para la aplicación del proyecto de Real Decreto de Ordenación del Sistema de FP y ha criticado la «falta de una memoria económica» y las «dificultades» que pone para la incorporación de expertos de los sectores productivos como docentes.
Según ha reivindicado el conselleiro, en Galicia ya se incorporó «en los últimos cursos» al currículum un módulo en inglés, toda vez que «ya existen las dobles titulaciones», la FP Dual «ya está diseñada a medida de las empresas» y en los centros «ya se ofertan acciones formativas para desempleados».
Con respecto a los profesores expertos, las alegaciones gallegas advierten que el nuevo texto permite solo contratarlos si no hay otro docente disponible, lo que «limita la posible incorporación a la docencia de esta figura clave para la FP», y que se regule su sistema de selección y contratación con claridad.
En la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y FP para el Empleo, la conselleira de Promoción de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, ha lamentado que el Gobierno anule la convocatoria de 24,5 millones de euros para ayudas a la formación «que ya estaban adjudicadas de modo provisional a 450 empresas y ONG con cargo a fondos europeos».
Al respecto, ha exigido «aclaraciones» sobre esta anulación que «no respeta el procedimiento administrativo y se hace un año después de haber comenzado la tramitación». Lorenzana considera que, con esto, el Gobierno central demuestra su «incapacidad» para adaptarse a las necesidades del tejido productivo y que «no está en contacto» ni con las empresas ni con los trabajadores.
En cambio, el Ministerio de Educación ha argumentado que esta retirada se debe a que trabaja en una nueva convocatoria con más de 100 millones de euros, ante la «buena acogida» de la iniciativa. De hecho, cuenta con llegar a formar a casi 200.000 empleados.
MURCIA PIDE ACLARACIONES SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO DEL NUEVO DECRETO
Por su parte, el consejero de la Región de Murcia Víctor Marín ha pedido al Ministerio que aclare «el fuerte impacto económico» que conllevará la implantación del real decreto de Ordenación del sistema de Formación Profesional, «cuya financiación, en materia de personal no se concreta en la norma», y ha exigido «un compromiso de dotar a las comunidades autónomas de la financiación necesaria para la aplicación de este reglamento».
«En la nueva normativa se han detectado imprecisiones en materia de contratación laboral de expertos, que consideramos que se deben aclarar para evitar situaciones de inseguridad jurídica o tensiones laborales», ha sentenciado.
