Los servicios técnicos y jurídicos de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II calculan que en el Alto Guadiana hay cerca de 40.000 hectáreas de regadío pendientes de regularización y resolución.
Desde esta CUAS, ubicada en el corazón de La Mancha, estiman que si se suman las hectáreas de las explotaciones denominadas prioritarias, de cultivos leñosos y herbáceos, a los expedientes de solicitudes de ampliaciones de superficie de leñosos y cesiones de derechos sin resolver pueden alcanzar las 40.000, lo que ha generado un “auténtico caos” en el Alto Guadiana.
El presidente de Mancha Occidental II, José Joaquín Gómez Alarcón, advierte que “la nefasta política hidrológica de las diferentes administraciones y las promesas incumplidas llevarán a la ruina absoluta a miles de familias”. Y “no son regantes ilegales, no están fuera de la ley, están pendientes de resolución y regularización tras años de esperas”, apunta.
“En el Alto Guadiana, donde el regadío es vital para el desarrollo socioeconómico de la zona, todos los políticos, los que tienen competencias sobre agua y los que no, han prometido soluciones, pero ninguno las ha complido, y esta situación la están pagando los agricultores”, añade.
Y es que no entiende como en el Alto Guadiana, con unos 40.000 regantes, se ha podido llegar a esta situación, “tras años de incumplimientos políticos y dejadez en la planificación hidrológica”.
Reitera que en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), existe una situación de “colapso administrativo que está provocando un auténtico desastre. Muchas hectáreas están afectadas por un problema que no se resuelve y nos aboca a la ruina. Esto es mucho peor que lo de Doñana”, alerta.
El presidente de Mancha Occidental II y representante de la cuenca del Guadiana en el Consejo Nacional del Agua incide en que el “colapso administrativo” de la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha generado una situación “inadmisible” en el Alto Guadiana, donde se amontonan miles de expedientes a la espera de resolución.
Sostiene que el futuro inmediato del Alto Guadiana pasa por la resolución de expedientes, por una acertada política hidrológica y por inversiones, “sino veremos cómo acaba esto, y no tendrá remedio”.
“Sin regulación resultará imposible el desarrollo de las explotaciones y poner en marcha medidas efectivas de ahorro de agua”, señala.
