Asaja y Cooperativas Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, junto a diversas comunidades y asociaciones de usuarios de aguas, han interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
«Estos planes limitan la capacidad productiva y abocan al sector agroalimentario a la ruina al dejarlo sin herramientas para desarrollar una agricultura competitiva», han señalado en rueda de prensa los responsables de Asaja y Cooperativas Agro-alimentarias tras explicar los motivos por los que han presentado recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos.
El director general de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, y el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, explicaban que este recurso se presenta por dos motivos, uno por responsabilidad y otro por coherencia, «porque no podemos dejar a nuestros agricultores solos en este momento y teníamos que llevarlo hasta las últimas consecuencias».
Los dirigentes, que han estado acompañados por el vicepresidente primero de la organización agraria, Florencio Rodríguez, y el vicepresidente de Cooperativas, Julio Bacete, además de otros responsables de las organizaciones y comunidades de regantes, han señalado que esta planificación no ha tenido en cuenta las alegaciones que presentamos ante las Confederaciones Hidrográficas encaminadas a un uso más eficiente del agua y a atender todas las demandas legítimas, como la continuidad de las actividades agropecuarias.
«Los planes hidrológicos ahondan en medidas fracasadas, como los recortes de dotaciones, las sanciones, multas y limitaciones que hacen inviables las explotaciones agrarias y asfixia al regadío», han manifestado.
Según señalan, deroga medidas como la acumulación de recursos en determinadas parcelas que permitían unas explotaciones más rentables y el ahorro de agua, a lo que han añadido que se basa en estudios imparciales sobre los recursos disponibles y el estado de las masas de agua y de los acuíferos. No hay un cálculo sobre el volumen de reservas de aguas subterráneas existentes que sirva de punto de partida, han asegurado.
Los representantes del sector han exigido también una política hidrológica que vertebre el país, de tal manera que equilibre las zonas deficitarias con las excedentarias. La solución pasa por invertir en infraestructuras para gestionar y sacar el máximo rendimiento posible al agua, antes de que se pierda en el mar.
Por otro lado, han criticado que se impidan nuevas captaciones, refiriéndose a los pozos de un volumen máximo de 7.000 m3/año, por haber considerado de forma preventiva la sobreexplotación de los recursos, poniendo en riesgo el futuro del sector agroalimentario en nuestra región.
En definitiva, «agotada la vía de la manifestación y la negociación, se ha acordado judicializar este problema y, aunque sabemos que se inicia un proceso largo, confiamos en que, al final, el Tribunal Supremo nos dé la razón y el esfuerzo haya merecido la pena».
