Cada 22 de marzo, desde 1993, se celebra el Día Mundial del Agua implantado por Naciones Unidas para concienciar sobre la importancia del agua en nuestro planeta. Es un Derecho Humano fundamental desde 2010 en el que sus usos de consumo, alimentación e higiene personal y doméstica son prioritarios frente a los usos productivos. El agua no es una mercancía sujeta a los intereses comerciales, por eso debe estar gestionada desde lo público con una óptica socialmente responsable.
Esta edición la conmemoración gira en torno a «La importancia del agua», en concreto del agua dulce, a la que cerca de 2.200 millones de personas todavía no pueden acceder. Tres millones y medio de personas mueren, cada año, de enfermedades relacionadas con la calidad del agua, y el 98% de esas muertes se producen en los países en vías de desarrollo. Por ello, el agua está en el centro del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030.
El agua dulce, a diferencia del agua salada, se encuentra en la mayor parte de los espacios en los que hallamos fuentes de agua -ríos, lagos, lagunas, hielos, glaciares, arroyos o pantanos-, pero en menor cantidad que el agua salada. El agua dulce es un recurso fundamental para la vida de los seres vivos aunque sólo represente el 2,5% del total del planeta, y de esa cantidad sólo el 0,007% está disponible para consumo humano, ya que el resto está congelada, subterránea, en ríos y arroyos.
El agua hoy está amenazada. El aumento de la población mundial, la creciente demanda de la agricultura y la industria, y los efectos del cambio climático en el planeta son factores determinantes. A esto hay que añadir las malas decisiones de administraciones, como el Parlamento Andaluz, que ha elegido un modelo de desarrollo que esquilma los recursos naturales de acuíferos, como el de Doñana, entregando el beneficio empresarial a los agricultores de regadíos al regularizar el riego, hasta ahora ilegal, de una superficie de campos de cultivos en el entorno de este paraje natural.
Pero no es esta la única balsa de agua dulce que se ha sobreexplotado. El 5 de febrero de 1987 la Confederación Hidrográfica del Guadiana declaró “sobreexplotado” el acuífero 23, lo que supuso el cambio irreversible de la manera de utilizar el agua subterránea en la provincia de Ciudad Real. Tuvo que declararse esa circunstancia para regular la extracción y salvar el ecosistema de las Tablas de Daimiel.
Garantizar el agua como un derecho humano esencial debe tener una primera consecuencia, la de dejar de mercantilizarla y no permitir que forme parte de las dinámicas del mercado. El 7 de diciembre de 2020, la mayor empresa mundial de intercambio de derivados financieros que opera en bolsa, CME Group, lanzaba el primer mercado de futuro relativo al agua. A la vez, en Chile, los ríos son subastados y adquiridos por millonarios que utilizan el agua para irrigar de forma masiva los cultivos intensivos de aguacates o para alimentar sus minas.
Mientras el agua se convierte en un elemento más de la economía capitalista de mercado presionando los ecosistemas acuáticos, millones de personas siguen sin poder gozar de su derecho humano al agua y millones de campesinos se enfrentan a grandes problemas a la hora de acceder al agua. La mercantilización del agua abre la puerta a la especulación masiva y al aumento del precio del agua, lo que supone una ventaja para los actores económicos más poderosos y una inagotable fuente de desigualdad social y económica.
Desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, por estas razones, incluimos en el Pacto Regional del Agua una primera cláusula que garantiza el agua como un Derecho Humano y no como un elemento de especulación. Por esto, incorporamos la obligación a la administración de no cortar el suministro de agua de abastecimiento a nadie que no pueda pagarlo. El agua en nuestra región está donde la quiere poner los Objetivos de Desarrollo Sostenible: en uno de los vértices de erradicación de políticas de desigualdad.
No olvidamos que la nueva Ley de Agua de Castilla-La Mancha incluye nuevas tasas y precios públicos que no deben servir para cambiar a un modelo de regadío nuevo y sí para modernizar el existente y hacerlo más eficaz. Esta recaudación tampoco debe ser la excusa para lanzarse a la construcción no dimensionada de depuradoras que luego gestionan empresas privadas. En su cobro se deben incluir criterios de progresividad fiscal para buscar un equilibrio de sostenibilidad y aprovechamiento de la producción. Si pagamos más por el agua que no sea para seguir generando desigualdad y acumulación de riqueza en pocas manos, porque saldrían victoriosos quienes han salido hasta ahora, los grandes oligopolios agrícolas y ganaderos, y perdiendo las explotaciones familiares y sostenibles que asientan población en el medio rural.
Incluimos en el texto del Pacto del Agua explorar las posibilidades de acabar con el trasvase del Tajo-Segura que esquilma nuestra tierra y desarrollo a costa de unos beneficios hortofrutícolas en otras zonas del país. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico sigue trasvasando (lo ha hecho este mes de marzo) a razón de 27 hm3 hasta mayo, y de 20 hm3 desde junio a agosto. Es perjudicial para la región y para las masas de agua dulce que hay en ella.
El 22 de marzo y los siguientes reivindiquemos el Agua como un Derecho Humano capaz de empezar a terminar con las desigualdades en nuestra sociedad.
