Castilla-La Mancha ha emitido 1.196 de las 29.015 quejas recibidas por el Defensor del Pueblo a lo largo de 2021, más de la tercera parte relativas a asuntos de Sanidad, Función Pública y Justicia, según su ‘Informe anual 2021 y debates en las Cortes Generales’, publicado este viernes y recogido por Europa Press.
Así, 153 quejas vienen del sector sanitario, otras 149 hacen alusión al empleo público y 101 más son achacables a la administración de justicia.
Del total, la provincia de Toledo registró 478 de las quejas; seguida de Ciudad Real con 243; Guadalajara con 216; Albacete con 160; y Cuenca con 99.
LA COVID, PRINCIPAL QUEJA
El impacto de la COVID-19 se ha notado en 2021 de forma más notable que en 2020 en el número de quejas recibidas por el Defensor del Pueblo en materia sanitaria. El informe señala que de las 29.015 quejas recibidas el pasado año, el 8 por ciento (2.321 quejas) estarían relacionadas con el área de actuación sanitario.
«Las circunstancias de emergencia sanitaria aún están presentes y la gran mayoría de esas quejas afectan cuestiones directamente relacionadas con las políticas y las medidas administrativas de salud pública, aunque el incremento se ha observado en todas las materias relacionadas con el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS)», advierte el Defensor del Pueblo.
La institución apunta que la emergencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 «ha seguido consumiendo una gran parte de los recursos sanitarios» del Sistema Nacional de Salud, especialmente en los períodos de mayor incidencia de contagios y de incremento de las hospitalizaciones».
«El año 2021 se inició precisamente con la tercera oleada de contagios, que ha sido la de más intensidad después de lo vivido en marzo y abril de 2020, en términos epidemiológicos y de carga asistencial. El año ha terminado con la sexta ola de contagios, que ha disparado mucho más la incidencia, aunque esta no se haya traducido, afortunadamente, en una proporción igual de pacientes graves y fallecimientos. Este hecho es debido a la vacunación y a la progresiva adquisición de inmunidad entre la población», resumen.
El Defensor lamenta que «se ha producido en varios momentos durante el año el desbordamiento de los servicios sanitarios, en la atención primaria o en los servicios de urgencias y emergencias, con las consiguientes dificultades para continuar prestando una atención ordinaria a los pacientes». «El funcionamiento de los hospitales también se ha visto muy alterado», denuncian.
En cualquier caso, resaltan que la vacunación masiva de la población frente a la COVID-19 ha marcado este año, además de las sucesivas oleadas de contagios, que «han seguido dejando mucho sufrimiento por las personas que han fallecido o enfermado gravemente».
«De nuevo, se ha asistido a una experiencia sin precedentes, sostenida con el esfuerzo de todas las administraciones y los profesionales sanitarios y la colaboración imprescindible de los ciudadanos, que ha permitido administrar la vacuna a más del 90 por ciento de la población española mayor de 12 años al terminar el año; 38 millones de personas en total con la pauta completa de vacunación, habiéndose administrado unos 90 millones de dosis», celebra el Defensor.
Por otra parte, el Defensor señala que también han sido motivo de queja la instauración del Certificado COVID de la Unión Europea y las medidas de restricción de derechos, que han tenido que continuar aplicándose durante 2021, especialmente en los períodos de incremento de contagios y de saturación de los servicios sanitarios asistenciales.
Igualmente, el Defensor ha recogido numerosas quejas relacionadas con incidencias y problemas para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, que «afectan a unos grupos determinados de personas extranjeras que viven en España, mayoritariamente residentes cuya autorización legal, en virtud de lo dispuesto en la normativa de extranjería, está vinculada a la obligación de disponer de medios propios de atención sanitaria, mediante un seguro público o privado».
ATENCIÓN PRIMARIA, SALUD MENTAL, TRANSPORTE SANITARIO…
Uno de los puntos en los que más incide el Defensor es que la Atención Primaria ha sentido especialmente el efecto de la emergencia sanitaria en «la saturación de los servicios, al igual que ocurre en el nivel de atención especializada y hospitalaria».
De la misma manera, resaltan que la salud mental «ha cobrado relevancia en los debates públicos, y esto debería impulsar que las diferentes administraciones acordaran medidas concretas de mejora que no admiten más demora».
«Con la aprobación de la nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, cabe esperar que se promuevan planes de acción que de forma eficaz atiendan a las necesidades menos cubiertas en todas las administraciones autonómicas», reivindican.
Por comparación con el volumen de cuestiones planteadas en relación con la pandemia y su impacto en los niveles asistenciales, otros asuntos, como el referido al acceso y la calidad de la prestación farmacéutica del SNS, o los problemas en el transporte sanitario, no han dado lugar a un número más elevado de quejas durante 2021.
«No obstante, cualitativamente, ponen de manifiesto aspectos de gran importancia, ya presentes en años anteriores, que deben ser igualmente abordados y que, desde luego, generan mucha preocupación entre los ciudadanos que se dirigen al Defensor del Pueblo», apostillan.
Por ejemplo, subrayan los «muchos problemas registrados» en la prestación de transporte sanitario, que, por sus características de externalización, en régimen de adjudicación a empresas privadas, «no son directamente corregidos por las administraciones responsables». «Es necesario que estas adopten medidas más efectivas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios de ambulancia, tanto en la atención urgente como en la programada», reclama el Defensor.
