El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha resaltado que, a partir de este viernes, 1 de abril, los más de 1.230.000 conductores de Castilla-La Mancha se van a beneficiar directamente de la reducción, en 20 céntimos, del precio del combustible para sus vehículos.
Es una de las principales medidas que recoge el Plan de Choque de Medidas de Respuesta a la Guerra de Ucrania que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba el pasado lunes, que se aprobaba el martes mismo en Consejo de Ministros, y que se empezarán a aplicar desde este viernes, y durante un periodo de tres meses.
Para tranquilizar al sector de las gasolineras ante la posible dificultad planteada de poder asumir esa bonificación, el Ministerio de Hacienda ha anunciado –ha informado el delegado– que mensualmente se abonarán las bonificaciones realizadas el mes anterior y que los suministradores de carburante, además, podrán solicitar un anticipo a cuenta, según ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.
Tierraseca ha puesto de relieve, en rueda de prensa, que, además de la reducción en el precio de los carburantes mencionada, a los transportistas, de forma adicional, se les habilita un nuevo fondo de 450 millones de euros para ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros. En función del tipo de vehículo será de 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por taxi, VTC o ambulancia. «Una medida muy importante sin duda, que va a beneficiar a 8.636 empresas transportistas en Castilla-La Mancha, incluidos los autónomos», ha concretado.
Junto a estas decisiones, de carácter más amplio, Tierraseca ha mencionado que, otras medidas de especial relevancia, como la limitación al 2% de las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses, en esta Comunidad Autónoma podrán tener un impacto en hasta los 90.000 hogares que hay en alquiler.
CON LOS COLECTIVOS VULNERABLES
El Plan contempla también un aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital durante tres meses, y que redunda, ha subrayado el delegado del Gobierno, en ese empeño por proteger especialmente a los colectivos más vulnerables. El total de beneficiarios del IMV en Castilla-La Mancha asciende a 41.047 (21.753 adultos y 19.294 menores de edad), a través de las 15.637 prestaciones.
Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado, dentro de este Plan, la extensión a 600.000 familias más del bono social eléctrico, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares. Hasta el 31 de enero de 2022 -el dato más actualizado hasta la fecha-, el número de beneficiarios del bono social eléctrico en Castilla-La Mancha era de 83.623 personas, y que se verá incrementado en los próximos tres meses gracias a esta medida.
Con la vista puesta en el tejido empresarial, ha indicado Francisco Tierraseca, el Plan fija también una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. A este respecto, con datos de finales de febrero, Castilla-La Mancha cuenta con 52.413 operaciones de préstamo avaladas por el ICO (y por un aval solicitado de 3.600 millones de euros). «Todas ellas -ha apuntado- se van a poder beneficiar de la extensión del plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados».
Y, al mismo tiempo, España destinará 1.200 millones de euros en el 2022 a la acogida de refugiados ucranianos, de los 17.000 millones puestos a disposición de los estados miembros por la Comisión Europea. A este respecto, el delegado del Gobierno ha concretado que, «hasta la fecha, la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional ha tramitado 1.066 solicitudes de la condición de protección temporal en Castilla-La Mancha». De ellas, en Ciudad Real se han tramitado 302, en Albacete han sido 225, en Toledo ascienden a 197, en Cuenca suman 190 y en Guadalajara, 152.
El plan para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias y las empresas movilizará 16.000 millones de euros: 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 millones en créditos ICO.
«Es –ha defendido Francisco Tierraseca– un conjunto de medidas que se ha diseñado con premisas muy claras: proteger a los sectores y ciudadanos más afectados, repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo ya iniciada».
Por este motivo, se incluye también la decisión de mantener en el tiempo, «porque han demostrado su enorme eficacia durante la pandemia por el COVID-19», la contención del precio de la electricidad y la protección del empleo.
Por un lado, se prorroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la factura de la luz -se mantiene el tipo del IVA al 10% para los pequeños consumidores, el impuesto especial a la Electricidad al 0,5%, y la suspensión del impuesto a la Generación Eléctrica-.
Y, por otro lado, se actúa para evitar el despido. Para ello, las empresas podrán acudir a medidas de flexibilidad interna, como los ERTES, que han evitado la pérdida de miles de puestos de trabajo en los últimos dos años.
«Son, en definitiva, medidas que pretenden hacer frente a un escenario de inestabilidad complicado y, sobre todo, que quieren proteger al tejido económico y a los colectivos más vulnerables, porque el empeño de este Gobierno sigue siendo el mismo que el primer día de Legislatura: no dejar a nadie atrás».
