El fiscal superior de Castilla-La Mancha ha dictado este lunes un Decreto en el que se determina que administraciones y ONG tienen la inexcusable obligación legal de comunicar a la Policía Nacional la llegada a la región de cualquier menor no acompañado de familiares biológicos o tutores legales procedentes de la guerra de Ucrania.
En un comunicado de prensa, se traslada la obligación de llevar a cabo esta medida para que el Cuerpo Nacional de Policía proceda a su registro conforme al Artículo 215 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, relativo al Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, tras lo cual, la Fiscalía correspondiente o por la Entidad Pública competente en materia de protección de Menores se realizarán las actuaciones que procedan.
Esta instrucción tiene como objeto «salvaguardar sus derechos y evitar en todo caso situaciones de riesgo, desprotección, desamparo o incluso la actuación de grupos, bandas o personas con fines de trata, explotación y otros delitos».
En este Decreto se acuerda librar oficio a las Consejerías de Bienestar Social, Sanidad y Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, para que lo haga llegar a las subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de esta Comunidad Autónoma, Dirección de Seguridad Ciudadana, diputaciones provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, para que lo hagan llegar a todos los ayuntamientos, policías locales y servicios sociales de los municipios, y a las ONG y entidades de trabajo con refugiados, ACNUR, CEPAIM, ACCEM, CEAR, Cruz Roja, Guada-Acoge, Movimiento por la Paz ,MPDL y Pro vivienda.
