El presidente de la la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam), Francisco José Núñez Alía, ha alertado de que suscribir mañana, como está previsto, el ‘Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)’, en los términos en los que está redactado, «pone en jaque miles de puestos de trabajo» y «supone el cierre de cientos de plazas y servicios» dedicados a la atención a las personas mayores en toda la región, en especial en el medio rural.
La Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha es una organización empresarial sin ánimo de lucro, que fue fundada en 1992, con el objetivo de integrar a todos los centros privados de atención a personas mayores de la comunidad. En la actualidad, representa a 83 centros con un total de 7.493 plazas residenciales, que generan empleo para un total de 3.296 trabajadores.
En nota de prensa, esta asociación ha compartido el rechazo ya manifestado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, tal y como su presidente trasladó a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante las reuniones mantenidas, y se alinea con el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que arremetió el lunes contra el modelo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por tratarse de «la política del invito, pero tú pagas», al no ir acompañado de financiación.
«Aplicar los criterios que marca el nuevo modelo requiere de una inyección de financiación. De lo contrario, será totalmente inviable ponerlo en práctica en Castilla-La Mancha», ha defendido Núñez Alía, que ha advertido de que «si el sistema ya estaba tocado, la nueva normativa no hará sino hundirlo».
Por tanto, ha reclamado al Gobierno que antes de aprobar ningún cambio en los criterios de acreditación de los centros «apruebe, o al menos comprometa, qué financiación le acompaña».
Para Artecam, el nuevo modelo de centros supondrá un cierre de centros y servicios, sobre todo en el medio rural, y una «irreparable» pérdida de empleo en la comunidad. En este punto, Núñez Alía ha recordado que el sector de la atención a las personas es el que más puestos de trabajo genera en relación a la inversión realizada y constituye un motor fundamental de generación de riqueza, como lo prueba el hecho de que el sector reporta 40,4 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos.
ACUERDO DE ACREDITACIÓN
El Gobierno ha propuesto limitar las plazas en las residencias de mayores teniendo en cuenta la densidad de población de la zona en la que están ubicadas, estableciendo una horquilla que va desde las 60 hasta las 120 plazas, en lugar de la limitación a un máximo de 90 plazas como propuso en febrero.
Así se recoge en el nuevo borrador del Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que el Ejecutivo está negociando con las autonomías, que son las competentes en la materia.
El nuevo documento del Ejecutivo, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, recoge entre otros aspectos que los centros que se construyan tras la aprobación de este acuerdo «no podrán superar las 60 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas»; mientras que las «localidades o zonas de densidad intermedia» tendrían el límite en 90 plazas; las «ciudades o zonas densamente pobladas», en 120.
