El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas han aprobado este martes 28 de junio el Acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia, gracias al cambio del sentido de voto de Extremadura, que ha votado a favor después de su rechazo inicial en el anterior Consejo Territorial de hace un mes, y de Asturias, que ha pasado de la abstención al voto a favor.
Así lo han acordado durante la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, dando luz verde al cambio de modelo de cuidados impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Según han revelado a Europa Press fuentes conocedoras de la reunión, el Acuerdo ha contado con diez votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones. En concreto, han votado a favor: Extremadura (que en la anterior reunión mostró su rechazo), Canarias, Navarra, Valencia, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla.
Por su parte, no han cambiado su sentido de voto, y han mantenido su rechazo: la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta (presididas por el PP), Castilla-La Mancha (la única presidida por el PSOE que ha votado en contra), País Vasco y Cataluña.
El Ministerio de Derechos Sociales ya había llevado el documento al Consejo Territorial del pasado 25 de mayo, pero no logró cerrar un acuerdo con las CCAA para su aprobación, por lo que pospusieron la votación.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado este martes que se siente «especialmente satisfecha» de haber logrado «uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura».
«Tras mucho tiempo de negociación y de trabajo, hemos aprobado un acuerdo par mejorar la calidad de las residencias y de todo el Sistema de Atención a la Dependencia. Como todos los pactos importantes ha requerido muchas horas de diálogo pero finalmente lo hemos logrado de la mano de las CCAA», ha destacado Belarra.
UN PROFESIONAL POR CADA DOS RESIDENTES
Entre las medidas que incluye el Acuerdo sobre el nuevo modelo de residencias, destacan el incremento de las ratios, con un profesional por cada dos residentes en las residencias de mayores; la prohibición de construir residencias muy grandes (con un límite de entre 75 y 120 plazas, dependiendo de la densidad de población); la reestructuración de las residencias públicas y concertadas, de aquí a 2030, en unidades de convivencia de 15 personas; la eliminación de las sujeciones; o el incremento del número de habitaciones individuales (65% del total) en las residencias de nueva construcción, entre otras.
No obstante, en el texto aprobado este martes se han introducido algunas modificaciones, entre ellas, que al menos un 80% de las plazas de los centros ya existentes deberán organizarse en unidades de convivencia estables.
En todo caso, se precisa que todas las plazas del centro, incluidas aquellas que no se organicen en unidades de convivencia, deben diseñar sus espacios para ofrecer un ambiente hogareño y funcionar según el modelo de atención centrada en la persona.
Al mismo tiempo, el Acuerdo introduce diversos requisitos de contratación laboral como la obligación de que haya un mínimo de 80% de contratos indefinidos y un 66% de contratos a tiempo completo (50% en caso de la ayuda a domicilio).
Además, de acuerdo con el texto, las residencias de más de 30 plazas deberán contar con un profesional de enlace, preferentemente sanitario, para garantizar el derecho de las personas que viven en las residencias a ser atendidas por el sistema nacional de salud.
Otro cambio introducido se refiere a la consideración como tiempo de trabajo efectivo de los desplazamientos que lleve a cabo el personal de ayuda a domicilio entre las viviendas de las personas atendidas.
Asimismo, se ha incluido la posibilidad de que las CCAA que así lo consideren incrementen las ratios establecidas para personas mayores o con discapacidad que necesiten una mayor intensidad de apoyos, tanto en residencias, como en centros de día.
También se ha establecido un plazo máximo de 9 meses desde la aprobación del Acuerdo para que se aprueben las disposiciones normativas necesarias para dar cumplimiento al mismo.
Además, las CCAA tendrán la opción de autorizar nuevas residencias de hasta 120 plazas de tamaño máximo en zonas escasamente pobladas si se acreditan circunstancias excepcionales de viabilidad económica.
APOYO DE LAS ENTIDADES DE MAYORES Y CON DISCAPACIDAD
El Acuerdo cuenta con el apoyo de las entidades de personas mayores y de personas con discapacidad, que hace unas semanas hicieron un llamamiento a las CCAA para que lo apoyaran, tras reunirse con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.
La portavoz de la Mesa Estatal de Personas Mayores, Isabel Martínez, indicó que «la pandemia puso sobre la mesa un modelo de cuidados que hace aguas por todas partes» por lo que aseguró que había «llegado el momento de decir ‘basta ya'».
En la misma línea, el representante de la Plataforma de Mayores y Pensionistas Pablo Martín invitó a «aprovechar esta oportunidad» para «avanzar hacia un modelo de atención centrado en las personas».
Asimismo, el presidente de Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI) y vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luis Cayo Pérez Bueno, destacó que este es un «buen acuerdo» y «era necesario antes de la pandemia» pero ahora ya es «imperativo moral».
También manifestó su apoyo al documento el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García, quien explicó que las experiencias analizadas en otros países determinan que hay mayores efectos secundarios para los usuarios cuando hay un menor tratamiento especializado y sin unidades de convivencia pequeñas.
«Creo que la evidencia es clara y existe desde hace décadas, no nos estamos inventando nada», apostilló la experta en atención a personas mayores Mayte Sancho, quien recordó que se «hace poco» por que los mayores vivan en entornos domésticos. A su juicio, la instituciones actuales «no son lugar para vivir y morir».
