El Gobierno ha descartado por ahora iniciar con el sector del transporte el debate para diseñar un nuevo sistema de peajes en todas las autovías, puesto que dará prioridad a atender la situación económica y a los sectores más dañados por la pandemia, si bien ha vuelto a confirmar que se aplicará esta medida, tal y como se comprometió con Bruselas.
Así lo ha señalado la ministra durante su intervención en el XIII Encuentro del sector de Infraestructuras, el Transportes y la Movilidad Sostenible, organizado por Deloitte y ABC, donde ha defendido que esta medida se planteará en el momento más propicio, que todavía no ha llegado.
«En este entorno y contexto hay que atender a la situación económica y a los sectores más afectados, siendo el del transporte uno de ellos. Lo plantearemos en el momento más propicio y siempre con consenso, pero ahora no se dan las bases para facilitar ese contexto, por lo que a corto plazo difícilmente podremos contemplarlo», ha señalado.
No obstante, ha vuelto a recordar que la implementación de peajes se recoge en el proyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, por lo que el Gobierno ya se ha comprometido a aplicarlo y ya se encuentra realizando un estudio inicial para diseñarlo, con el fin último de mantener en condiciones óptimas la red viaria y contribuir a la descarbonización de la economía.
La ministra también ha avanzado que la electrificación de la economía y la conectividad concentrará el 15% del Producto Interior Bruto (PIB) de España para el año 2030, un objetivo para cuya consecución el Gobierno ya ha desplegado una estrategia nacional que culminará con la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible.
Sánchez ha prometido al sector de la construcción inversiones «previsibles y sostenibles» a lo largo del tiempo y, en este sentido, ha instado a los ejecutivos de las constructoras presentes en el acto a que se pronuncien sobre qué les parece que la inversión pública fuese reducida a niveles «testimoniales» durante el anterior Gobierno del PP, en plena crisis financiera, lo que redujo las licitaciones y con ello las posibilidades de la compañía de ejecutar proyectos.
Frente a ello, la ministra he defendido que en el peor año de la pandemia, en 2020, la ejecución presupuestaria fue un 8% superior a la de 2019 pese a los sucesivos confinamientos y restricciones a la movilidad, alcanzando así la mayor cifra de ejecución presupuestaria desde 2011.
EL SECTOR CUESTIONA LAS MEDIDAS «INSUFICIENTES»
Por parte de las constructoras, en una mesa de debate posterior, sus representantes no han hecho alusión al encargo de la ministra, sino que, al contrario, han aprovechado para mostrar su malestar por la «insuficiencia» de las medidas tomadas por el Gobierno.
Es el caso de OHLA, cuyo consejero delegado, José Antonio Fernández Gallar, ha asegurado que las medidas aprobadas para paliar los efectos de la inflación en las constructoras son «claramente insuficientes».
«No son medidas suficientes. Las limitaciones de excluir el precio de la energía o la revisión máxima del 20% en los contratos de obra pública continuará poniendo en riesgo las cuentas de las obras. Además, la moderación de precios no se va a producir, al menos en el corto plazo», ha añadido Fernández Gallar.
El directivo de OHLA también se ha referido a la llegada de los fondos europeos, diciendo que hay una «gran diferencia» entre las administraciones que tienen identificados los proyectos que hay que acometer y las que los administran, citando por ejemplo que la Comunidad de Madrid los tiene identificados, pero que hay una administración superior que tiene que gestionarlo.
Otro de los problemas que ha citado es el de la atracción de talento: «Antes tenía prestigio trabajar en la construcción pero ahora las nuevas tecnologías tienen mayor atracción, por lo que hay que arreglar la formación profesional y, por supuesto, traer mano de obra cualificada del extranjero, con contratos en origen, convenios de colaboración o fórmulas similares», ha concluido Fernández Gallar.
