Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias son las comunidades autónomas con un mayor grado de privatización de sus servicios sanitarios, según el octavo informe ‘La Privatización sanitaria en las CCAA’, realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Por contra, Castilla-La Mancha, junto a Extremadura y Cantabria, son las que tienen un grado bajo de privatización.
«Una de nuestras principales preocupaciones es la gran variabilidad que existe entre los servicios sanitarios de las comunidades autónomas. La privatización es preocupante, aunque no se produce igual en todas las comunidades autónomas», ha comentado el portavoz de FADSP, Marciano Sánchez-Bayle, durante la presentación del trabajo.
En este sentido, en el informe se señala que las comunidades con un grado intermedio de privatización son Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Murcia, País Vasco, Asturias, Navarra y La Rioja; mientras que las que tienen un grado bajo de privatización son Extremadura, Castilla-La Mancha y Cantabria.
Si se comparan estos datos con los obtenidos en informes anteriores se constata que en el grupo con menor nivel de privatización sólo se mantiene Extremadura. Del mismo modo, la mayor privatización observada en los dos últimos informes son Aragón, que aumenta siete puestos; Murcia, que aumenta seis; Castilla y Léon (4 puestos), Valencia y Andalucía (3 puestos cada una); y Galicia, que incrementa un puesto.
Respecto a la menor privatización de sus sistemas sanitarios, el informe de este año la FADSP muestra una disminución de seis puestos de Navarra, cinco del País Vasco, tres de Castilla-La Mancha, dos de La Rioja, y un puesto de Asturias y de Cantabria.
«La privatización ha aumentado en todas las comunidades autónomas y, además, el resultado y los movimientos en la clasificación sólo recogen la mayor o menor intensidad que ha alcanzado cada comunidad autónoma. Como suele ser habitual en los estudios sobre los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas, se objetiva una gran desigualdad entre las mismas, situándose la ratio entre la puntuación máxima y mínima en el 2,81, la mayor encontrada en todos los informes», ha enfatizado Sánchez-Bayle.
Finalmente, el portavoz de la FADSP ha avisado de que los datos sólo recogen el primer año de la pandemia del Covid-19 y, por tanto, no incluyen los datos relativos a la utilización de los fondos Covid-19, «así como el hecho de que durante la misma situación ha empeorado notablemente en algunas de las comunidades autónomas, como Madrid».
