Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT se concentrarán el próximo miércoles, 9 de febrero, frente al Ministerio de Educación y FP en Madrid para protestar por su «falta de liderazgo» ante la decisión de una gran mayoría de comunidades autónomas de adelantar las convocatorias de oposiciones docentes para así no tener que aplicar el nuevo real decreto para reducir la temporalidad en el sector educativo, que se prevé aprobar en el mes de abril.
En una rueda de prensa este martes, los responsables en materia educativa de los tres sindicatos, Francisco García (CCOO), Mario Gutiérrez (CSIF) y Maribel Loranca (UGT) han mostrado su «preocupación» y «malestar» por que los gobiernos autonómicos hayan decidido no esperar a la aprobación de la nueva norma, que pretende bajar a un 8% la tasa de interinidad en la educación, y por la actitud del Ministerio a tal situación.
En la protesta, los sindicatos entregarán una carta a la ministra Pilar Alegría, para reivindicar la creación de una Mesa de seguimiento para analizar la evolución de la temporalidad en el sector educativo, y han advertido de que prepararán actuaciones similares en las comunidades autónomas. «Es una responsabilidad compartida», ha señalado García (CCOO), calificando de «desidia» el comportamiento del Ministerio y lamentando la «actitud abiertamente hostil» y de «insumisión» de las distintas autonomías.
Según han explicado, el nuevo decreto que prepara el Ministerio es el «instrumento» que permitiría reducir la temporalidad docente a un 8% (actualmente se sitúa en un 25,7%, de las más altas de la Administración, junto a Sanidad), ajustándose así a la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada en diciembre de 2021.
El decreto en el que trabaja el Departamento de Alegría elimina la parte práctica del examen de oposición (salvo en algunas especialidades), suprime el carácter eliminatorio de la fase de oposición e incrementa la ponderación de la experiencia para facilitar así que los interinos consigan una plaza estable. Sin embargo, muchas comunidades autónomas se quejaron de este sistema, alegando que es injusto para los aspirantes nuevos. De este modo, empezaron a anunciar las convocatorias antes de los plazos previstos para así sortear el nuevo decreto, que estaría listo en el mes de abril.
De momento, ya han convocado oposiciones Asturias, Navarra, Baleares, Galicia y Comunidad Valenciana, mientras que otras como Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias, Murcia, Andalucía, Cantabria, La Rioja y Comunidad de Madrid ya han anunciado el adelanto y convocarán de manera inminente.
Sin embargo, los sindicatos denuncian que esta situación imposibilitaría el cumplimiento del acuerdo entre Gobierno y sindicatos de reducir la temporalidad. Según advierten, se necesitan convocar 125.000 plazas entre 2022 y 2024 para llegar al objetivo de interinidad del 8%, y con el adelanto de las convocatorias, las comunidades sólo podrían convocar plazas de reposición (las plazas de los funcionarios que se jubilan), no de estabilización.
Según exponen los sindicatos, el número de plazas que van a convocar las autonomías será de 21.693 (sólo de reposición), pero con el nuevo decreto podrían convocar 24.802 plazas más, de estabilización, sumando un total de 46.495 plazas. Esto perjudicaría, según CCOO, CSIF y UGT, tanto a los aspirantes con experiencia docente como a los nuevos aspirantes. «Sin plazas, no hay plaza», ha dicho García.
Tal y como indican los responsables de estos sindicatos, si se convocaran las cerca de 47.000 plazas, se podría reducir la temporalidad cinco puntos, hasta el 20,8%, con lo que en los dos próximos años, en 2023 y 2024, el objetivo del 8% sería «plausible», pero con el adelanto de las convocatorias esta meta se presenta «muy difícil».
De hecho, tal y como ha advertido Gutiérrez (CSIF), si las administraciones no cumplen, los sindicatos están dispuestos a llevar las convocatorias de las oposiciones a los tribunales, y avisa de que la convocatoria de menos plazas no sólo afecta a los aspirantes e interinos, sino «al propio sistema educativo», pues la pandemia ha demostrado que hay déficit de profesores y los nuevos currículos en los que trabaja el Ministerio no podrán implantarse si no hay un «proyecto estable».
«Hay poco interés por abordar un problema que incide en la situación personal y laboral de miles de compañeros, pero también en la calidad del propio sistema educativo. La actuación que están tomando el Ministerio sin ejercer ese liderazgo, pero también las comunidades que son las responsables de hacer las convocatorias de oposiciones, nos hace pensar que tienen muy poco interés en abordar el problema», ha denunciado Maribel Loranca (UGT).
