El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este miércoles que la Política Agrícola Común (PAC) es un «seguro de renta» para los agricultores y ganaderos, junto a la ley de cadena alimentaria, aprobada en esta legislatura, y a los seguros agrarios, cuya cuantía se ha elevado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado hasta 317 millones de euros para 2023.
«Con los más de 1.000 millones de euros de apoyo que este Gobierno ha aprobado este año para el conjunto del sector primario, constituye un elemento absolutamente fundamental 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas para agricultores y ganaderos en el periodo 2023-2027», ha subrayado en su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Se trata, según ha señalado, de «una garantía obtenida para el conjunto de España» gracias a la aprobación el pasado 31 de julio del Plan Estratégico Nacional de España, que es «la garantía de cobro para nuestros agricultores y ganaderos de los fondos».
Según ha explicado el ministro, a fecha de hoy, 2 de noviembre, «únicamente» siete Estados miembros de los 27 tienen aprobado dicho plan, entre ellos España.
«Es muy importante que llevemos a cabo una tarea de información y asesoramiento a los beneficiarios, eso corresponde y es una responsabilidad legal de las comunidades autónomas», ha subrayado.
Respecto a los escoesquemas, que constituyen el 23 % de las ayudas directas y son una «gran novedad» de esta PAC, Planas ha afirmado que ha escuchado «algunas voces aisladas e irresponsables» que llaman a su no aplicación.
«Es una total contradicción, porque supone primero reducción de fondos para agricultores y ganaderos, disminución de objetivos ambientales, que tendremos que cumplir, porque esta PAC pretende la rentabilidad, pero también la sostenibilidad ambiental de nuestro país y por tanto llamo a la responsabilidad y a no perder un solo euro», ha señalado.
