IU ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha que las interrupciones voluntarias del embarazo se realicen, «con las suficientes garantías sanitarias jurídicas y de financiación», en los hospitales públicos de la región.
«Si la legislación que se va a aprobar quiere que el personal objetor en la pública lo sea también en la privada, es porque la práctica nos indica que se ha estado permitiendo una doble moral, por la mañana objeto en la pública pero por la tarde se me olvida previo pago en la clínica privada», ha subrayado la responsable del Área de Mujer de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Isabel Álvarez, en nota de prensa.
Álvarez considera «indigno» que la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, «manipule la verdad» hablando de «discreción en las clínicas privadas cuando las mujeres que acuden allí, porque el Sescam no efectúa este derecho, son acosadas en las puertas de estos centros». Por ello, le ha exigido «altura de miras, ambición feminista y primar la salud de las mujeres poniendo la vida en el centro y olvidando la moral y las creencias personales».
«Las mujeres de Castilla-La Mancha no van a la sanidad privada para interrumpir su embarazo porque le resulte más discreto», ha apuntado la responsable de IU, sino que «van a la sanidad privada porque desde la sanidad pública se las envía allí, aún a riesgo de ser acosadas a las puertas de las clínicas como han estado siendo hasta el momento», ha lamentado.
En este punto, y ya que «la objeción de conciencia es un derecho constitucional, y la interrupción del embarazo es un derecho reconocido en la cartera de prestaciones», Isabel Álvarez exige «la prestación de este derecho, con las suficientes garantías sanitarias jurídicas y de financiación, en los hospitales públicos».
No es aceptable para IU que se «aluda a que las mujeres en riesgo sí pueden acudir a la pública y el resto de mujeres deben hacerlo en la privada porque, así, se están estableciendo al menos dos categorías de mujeres en cuanto a las prestaciones que deben recibir del sistema sanitario público (que es el de todas) de Castilla-La Mancha». En opinión de la responsable regional de Izquierda Unida, «para ejercer un derecho no pueden existir categorías».
