El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que la proyección ascendente de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno español, Yolanda Díaz, en la opinión pública se explica «por no parecerse a Pablo Iglesias», algo que lleva a algunos a «tirarse de los pelos», aunque «se lo hayan cortado».
«La situación de Iglesias es complicada. Cuando se convenció de que no podía ver ‘Tsipras griego’, que no podía ser presidente del Gobierno y forzó una segunda votación, mala para el PSOE y peor para Podemos, no se terminó de explicar que pasó ahí, qué había fallado para que saliera tan escopetado del Gobierno y dejara nombrada a Yolanda Díaz», ha reflexionado.
Al hilo de esta opinión, ha rememorado su etapa de gobierno compartido con Podemos en Castilla-La Mancha, señalando que «el puñal por la espalda» que supuso su rechazo a los presupuestos regionales, fue una decisión que tomaron desde Madrid, algo que tendrá tiempo de certificar.
Preguntado por las distancias que puede tomar con Ferraz de camino a las autonómicas, ha remarcado que «considerar a las autonomías sucursales de los partidos nacionales, es no creerse el estado autonómico», por lo que ha abogado por «entrar en el debate nacional cuando afecta a los intereses» de Castilla-La Mancha.
DELITO DE SEDICIÓN
Sobre si el PSOE prometió en 2019 derogar el delito de sedición en su programa electoral a las elecciones generales, García-Page ha señalado que Pedro Sánchez si se comprometió a penalizar la convocatoria ilegal de un referéndum, algo que a su juicio «se puede hacer», con el objetivo de «significar lo que pasó en Cataluña, a efectos de que no vuelva a pasar».
Tras insistir en que no ve oportuno derogar el delito de sedición, a su juicio, queda «una posibilidad clarísima de regular a medio plazo lo que hicieron los líderes con cargo constitucional con este referéndum, para que tenga alcance penal». «Identificar con rasgo penal no tanto el que se ubicó en los coches alborotando, si no -a quien- utilizó el poder para subvertir el orden constitucional», ha remarcado.
