Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, así como las asociaciones empresariales Aecoc, ACES, Anged, Asedas, FIAB, Adelma, Stanpa y EsPlásticos, que forman parte de la cadena de valor de los envases, han reclamado que se retrase al menos un año la entrada en vigor, previsiblemente para el 1 de enero, del Impuesto Especial a los Envases de Plástico, tal y como se plantea en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados.
En concreto, estas organizaciones han considerado en un comunicado conjunto que no es el momento de aplicar un nuevo impuesto que solo repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor, por lo que creen que es necesario retrasar su entrada en vigor, al menos, al 1 de enero de 2024.
Las organizaciones han recordado que el sector está seriamente afectado por la escalada histórica de los precios del gas y la electricidad, que causa un grave impacto en los costes empresariales y tensionando al alza la inflación, a lo que se une los impactos derivados de la guerra de Ucrania -desabastecimiento de materias primas, falta de suministros básicos como fertilizantes, o combustibles, etc.-, así como de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia e incluso amenazas de nuevos paros en el transporte.
«Este contexto altamente inestable está poniendo a prueba la resistencia de los sectores empresariales, por lo que no parece razonable añadir a corto plazo costes adicionales», han reiterado.
Además, han señalado que, dentro de la UE, en general no se ha optado por medidas fiscales en la legislación de economía circular. Si bien otros países lo han planteado, incluso Italia lo reguló antes que España, ya que son conscientes de la delicada situación económica y han ido posponiendo la entrada en vigor de este en sucesivas ocasiones.
Por otra parte, han recordado que la implementación de este impuesto es «sumamente complejo» y necesita un desarrollo reglamentario donde se expliquen de manera detallada todos los procedimientos y trámites administrativos a seguir, la creación de documentación, el desarrollo de aplicaciones informáticas, así como la definición clara de las obligaciones de cada uno de los afectados, entre otras cosas.
De esta forma, las organizaciones agrarias y las asociaciones empresariales han considerado que además de por la complicada coyuntura económica, es «imprescindible dar un margen de tiempo suficiente» para poder resolver todas las cuestiones y dudas que se están planteando antes de obligar a gravar con un impuesto que nadie sabe de momento cómo aplicar.
Así, todas las organizaciones, que forman parte de la cadena de valor de los envases, reiteran su compromiso medioambiental y recomiendan aplazar este nuevo impuesto que solo repercutiría negativamente en la maltrecha situación de las empresas y los ciudadanos.
