Las Cortes de Castilla-La Mancha han abordado este jueves el debate y votación del Proyecto de Ley de la Viña y del Vino de Castilla-La Mancha, una normativa sobre la que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que «no tiene aristas» pero de la que Cs ha criticado que sea «insuficiente e incompleta» y el PP que se ha llevado a cabo «a escondidas» y sin contar con el sector.
En primer lugar, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, que ha abierto el debate en el pleno de las Cortes de este jueves, ha defendido que esta es una ley «fundamental» para la región y que «no tiene aristas», por lo que ha pedido que sea aprobada por «amplia mayoría». «Es una ley de todos, no se puede entender una oposición a la ley», ha manifestado.
Martínez Arroyo ha asegurado que esta norma «representa los intereses del sector» y ha insistido en que era «necesario» que Castilla-La Mancha aprobase un texto como el presentado.
En este punto, ha recordado que no deberían tener que aprobarla, ya que existía una que fue derogada en 2012 y dejó sin normativa «a la región con más superficie del mundo, con más producto elaborado y más intereses económicos», un sector en el que en la Comunidad Autónoma es «líder mundial».
Asimismo, ha hecho hincapié en que la Ley de la Viña y el Vino servirá «para defender los intereses del sector» y para «mostrar orgullo de lo que somos con el sector más representativo de nuestra tierra».
Martínez Arroyo ha recordado que la norma es resultado de los trabajos realizados durante la legislatura pasada «a un nivel extraordinariamente técnico» y con la ayuda de la Universidad de Castilla-La Mancha para elaborar un plan estratégico del sector, en el que ya se planteaba que hubiera una ley como esta.
De igual modo, ha querido poner en valor algunas de las características fundamentales de la ley que, ha opinado, «mejoran lo que tenemos en Castilla-La Mancha», apuntando que esta es una norma básica de la que van a emanar «muchas normativas secundarias que van a permitir organizar mejor el sector».
Entre dichas características ha citado que se incluye el procedimiento para autorizar nuevas variedades de vid, las prácticas enológicas que permiten elaborar el producto final o el procedimiento para reconocer a las Identificaciones Geográficas Protegidas (IGP).
Asimismo, ha valorado que la ley incluye por primera vez la posibilidad de nuevas menciones en el etiquetado distintas a las usadas hasta ahora, avanza «extraordinariamente» en la trazabilidad, apuesta por la digitalización, contempla actuaciones en I+D+i y habla sobre la creación de una interprofesional del vino.
CS VE EL TEXTO «INSUFICIENTE»
Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada de Cs Elena Jaime, aunque se ha mostrado de acuerdo con el consejero en la necesidad de esta ley, ha considerado que el texto presentado es «insuficiente e incompleto», lo que llevó a su grupos a la presentación de 17 enmiendas que ha considerado «lógicas y justificadas». «Hay que dotarla de más empaque», ha comentado.
En este sentido, se ha quejado de que desde las filas socialistas únicamente se ha aprobado una de ellas, que tan solo corregía una errata, por lo que ha lamentado que no se haya hecho caso a sus propuestas cuando muchas de ellas iban en la misma línea que ha defendido Martínez Arroyo, como las referidas a la digitalización y la modernización del sector.
De igual modo, ha puesto el foco en otras de sus enmiendas rechazadas que van en la línea de la lucha contra el fraude en aspectos como garantizar los productos, evitar el añadido de cualquier componente que altere la uva o para que los productos no vínicos no vuelvan a la cadena de producción. «Vemos importante que quede reflejado en una ley de tanto calado», ha señalado.
UNA LEY «SIN EL SECTOR»
Mientras, el ‘popular’ Emilio Bravo también ha coincidido en que el Proyecto de Ley era «necesario» pero ha criticado que se ha realizado «sin transparencia, a escondidas» y sin contar con «la mayoría del sector vitivinícola». «No han tenido en cuenta ni una alegación presentada por el sector», se ha quejado.
Bravo ha apuntado que desde el PP se temen que esta nueva ley traiga «nuevos tributos disfrazados» y ha echado de menos medidas «para contrarrestar el recorte de más del 8 por ciento del Pasve, del que Castilla-La Mancha saldrá altamente perjudicada».
«Una ley esperada por el sector pero sin contar con el sector», ha remachado, lamentando que el texto no contemple «de forma clara» el control y la trazabilidad ni un régimen sancionador que evite malas prácticas y fraudes.
PSOE CREE QUE ESTÁN DE ACUERDO «EN LA BASE»
Por su parte, la diputada del PSOE Joaquina Saiz ha asegurado que la ley sí está consensuada con el sector y ha opinado que todos los grupos políticos están «de acuerdo en la base» de la norma y en la necesidad de su puesta en marcha.
Además, ha fundamentado el rechazo de los socialistas a las enmiendas de Cs y el PP en que «o bien no son viables jurídicamente, no son objeto de esta ley o ya están recogidas en otros artículos».
Por ello, ha insistido en que «no existen grandes discrepancias para no aprobar esta ley por unanimidad».
