El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de las consejerías de Igualdad y portavoz y de Bienestar Social, se ha sumado este jueves a la Declaración de Mérida, promovida por la Fundación Triángulo, que recoge el compromiso de las instituciones públicas en materia de derechos humanos LGTBI en el mundo.
En nombre del Ejecutivo autonómico ambas consejeras, Blanca Fernández y Bárbara García Torijano, y Maribel Blanco y José María Núñez en representación de la Fundación Triángulo, han firmado esta declaración con la que Castilla-La Mancha se suma a las 37 instituciones de toda España que ya la han suscrito y que ascenderán a 60 cuando finalice este año, según ha informado la Junta en nota de prensa.
La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha subrayado que la Declaración de Mérida «es un símbolo muy potente de respeto, de libertad, de diversidad y de saber que la sociedad es diversa y nos enriquece saberlo y disfrutar de esa diversidad».
Asimismo, ha explicado que, aunque la firma de esta declaración sea simbólica, obliga a la Administración regional a desarrollar su estrategia de Cooperación al Desarrollo, con perspectiva de género y con proyectos que incidan en la defensa de los derechos de las personas LGTBI.
Blanca Fernández ha denunciado que, tal y como recoge esta declaración, 76 países del mundo consideran ilegal «que nos podamos amar libremente, tienen penadas las relaciones homosexuales y la transexualidad, algunos y no pocos con pena de muerte», y ha recordado que estos 76 estados representan casi el 40 por ciento de los 195 países que reconoce la ONU.
Dada la magnitud y la gravedad de estas cifras, Blanca Fernández ha abogado por que cada persona, «en la medida de sus fuerzas», contribuya a luchar por los derechos de las personas de manera global. «Debemos globalizar los derechos, no las penas, no la violencia, no la humillación a la que se ven sometidos millones de personas en el mundo por su orientación o identidad sexual. Por tanto, cumplimos con una obligación moral en el día de hoy», ha manifestado.
En este contexto, Blanca Fernández ha denunciado que los delitos de odio han aumentado en España un 45 por ciento desde 2013. En concreto, en 2021, hubo 477 delitos de odio en todo el país y «la segunda motivación para atacar o violentar fue la razón de odio por su orientación o identidad sexual».
Además, los expertos aseguran que apenas se denuncia el diez por ciento de los casos que se producen en realidad por diferentes razones, como el sentimiento de desprotección, el miedo a represalias o la vergüenza.
«Si eso es así, desde 2013 se han producido en España 20.000 delitos de odio, 5.000 de los cuales ha sido por razón de orientación o identidad sexual», ha dicho Blanca Fernández.
COMPROMISO CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LGTBI
La consejera de Igualdad y portavoz ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la Ley LGTBI con la unanimidad de todos los partidos políticos, entidades LGTBI, colegios profesionales y de la sociedad civil organizada, «es decir, unanimidad y consenso en torno a una ley que no se va a quedar en el cajón y hoy es la muestra».
Y un ejemplo de ello es que, con la firma de este jueves y el trabajo iniciado ya por parte de la Consejería de Bienestar Social, se da cumplimiento a uno de los preceptos que recoge el articulado de esta norma que obliga a que la Cooperación al Desarrollo tenga en cuenta a las personas LGTBI.
Además, Blanca Fernández ha explicado que, de manera inmediata, van «a seguir cumpliendo con otros preceptos porque estamos empecinados en ser ejemplo en Castilla-La Mancha en un contexto en el que, lamentablemente, el ruido es más protagonista que la política útil, que desde luego existe pero que queda tapada por ese ruido».
Y ha añadido que «al menos en este tema, hemos conseguido aquilatar a nuestra región para que sea un oasis».
EL COLECTIVO LGTBI, CLAVE EN LA I ESTRATEGIA REGIONAL DE COOPERACIÓN
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha subrayado que en Castilla-La Mancha «no solo importan los derechos de nuestros ciudadanos LGBTI, sino los de cualquier lugar del mundo» y, con la adhesión a esta declaración, «nos comprometemos a que la perspectiva de género y la lucha por la defensa de los derechos de las personas que componen el colectivo se refleje de forma explícita en la primera Estrategia Regional de Cooperación, en la que estamos trabajando».
Se trata de una estrategia sobre la que se sustentarán, posteriormente, las distintas convocatorias de subvenciones de Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo y en cuya elaboración, según ha avanzado la titular de Bienestar Social, participará el colectivo LGTBI de forma activa, «como uno de los actores clave».
«Contactaremos con vosotros y podréis hacernos aportaciones en esta estrategia, como instrumento de planificación y desarrollo de la Cooperación de nuestra región», ha subrayado Bárbara García Torijano, quien ha explicado que la voluntad del Gobierno regional es que todo el proceso esté concluido antes de que termine el año.
La consejera de Bienestar Social ha puesto en valor iniciativas como esta Declaración de Mérida para «visibilizar el compromiso de los gobiernos progresistas con los derechos humanos y contra los discursos de odio que contribuyen a que la discriminación hacia estas personas se perpetúe», ha concluido.
