El Gobierno regional y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han aprobado este miércoles la Oferta de Empleo Público (OEP) para la estabilización del empleo del personal funcionario y laboral de la Administración General para 2022, con 490 plazas.
Del total de plazas ofertadas, 219 corresponden a personal funcionario. De ellas, 42 se convocarán mediante el sistema de concurso-oposición y 177 por el sistema de concurso. Por su parte, la oferta de plazas para el personal laboral asciende a 271, de las cuales 62 se convocarán mediante el sistema de concurso-oposición y 209 por el sistema de concurso, ha informado la Junta en nota de prensa.
Esta oferta de empleo público ha sido negociada en las reuniones de la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Comisión Negociadora del VIII Convenio Colectivo.
Además, el próximo 13 de mayo se reunirá la Mesa General de Negociación del Personal Empleado Público en la que participarán los tres sectores del empleo público regional (Administración General, Educación y Sanidad) con las ofertas de empleo aprobadas en sus respectivas mesas sectoriales.
LA NUEVA OFERTA DEBERÁ CONVOCARSE ANTES DE DICIEMBRE
La nueva oferta, que deberá convocarse antes del próximo mes de diciembre, se aprueba en ejecución de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y se suma a las sucesivas ofertas de empleo que cada año convoca el Ejecutivo autonómico, en el marco de un importante plan de impulso a los servicios públicos que, desde 2016, ha permitido aprobar más de 15.700 plazas, con la previsión de llegar a más de 20.000 en 2023.
Con estas sucesivas ofertas de empleo se persigue reducir la tasa de temporalidad, que ya en Castilla-La Mancha es de por sí una de las más bajas de España, además de blindar las plantillas, ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la Administración, facilitar oportunidades de promoción interna, favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía así como los servicios públicos que se prestan desde la Administración regional.
