La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha considerado que la deuda pública de Castilla-La Mancha podría colocarse a final de 2023 en un 34,1 % del PIB, bajando así 2,6 puntos en comparación con el cierre de 2021, cuando se situaba en el 36,7 %.
Esta reducción, según explica en un informe en el que valora el Proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio, se debe al aumento previsto del PIB en la región, así como a la aplicación de las cuentas diseñadas.
«La ratio mejoraría en 2022 y 2023 por el efecto del crecimiento previsto del PIB, que compensaría el efecto del déficit previsto en 2022 y 2023 y de los ajustes ‘stock-flow’ en 2023», considera la entidad.
Las diferencias con las estimaciones de la AIReF se derivan de unas previsiones de exceso de déficit sobre la tasa de referencia en 2022, que sería preciso financiar en el ejercicio siguiente. La comunidad también asume la aplicación de los excesos de financiación acumulados a 31 de diciembre de 2021.
Con todo, la AIReF estima que la ratio de deuda sobre ingresos corrientes registrará en 2023 un nivel inferior al de 2021. Mientras la ratio sobre PIB cae por el efecto denominador, la ratio deuda sobre ingresos disminuye en el periodo 2021-2023, «pues el crecimiento de 2022 es consecuencia de la reducción de los ingresos procedentes del Estado -sistema de financiación, transferencias extraordinarias no condicionadas y ayudas directas a empresas- que se ve compensado en 2023 por el crecimiento de éstos».
En todo caso, precisa que la evolución de esta ratio está condicionada por las particularidades del sistema de financiación de las comunidades autónomas y las transferencias extraordinarias recibidas.
Más a largo plazo, y bajo los supuestos de un escenario normativo, se proyecta una reducción de la ratio de deuda de 12,8 puntos de PIB en los próximos 15 años, alcanzando el nivel previo a la pandemia en el año 2022.
Según la autoridad, el crecimiento económico será el factor que más contribuya en la reducción de la ratio.
