El vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado que casi uno de cada cuatro euros del gasto presupuestario no financiero para 2023 está relacionado con las medidas de lucha contra la despoblación, una materia que está incluida en las competencias de la Presidencia.
Martínez Guijarro ha comparecido este lunes en la comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes para informar del proyecto de ley de presupuestos de la Junta para 2023 en lo relacionado con Presidencia y del estado de ejecución del presupuesto de 2022 a fecha 30 de septiembre, una comparecencia con la que se ha abierto la ronda de intervenciones del gobierno.
El vicepresidente, que ha especificado que el presupuesto de su área incluidas las transferencias al Instituto de la Mujer y la Radio Televisión de Castilla-La Mancha asciende a 95,4 millones de euros, lo que supone el 0,19 % del presupuesto general consolidado de la Junta y que si se excluyen dichas transferencias es de 23,7 millones, ha subrayado que lo más importante es que por primera vez en la historia se incorpora una memoria de impacto demográfico.
Ha recordado en ese sentido que cuando se aprobó la ley de medidas contra la despoblación se estableció que todas las normas que se aprobaran en la comunidad autónoma tuvieran un estudio de impacto demográfico, y así, en el proyecto de ley de presupuestos se dedican a la lucha contra la despoblación un total de 1.714 millones de euros.
Eso supone, ha continuado, que el 23 % del techo gasto de la comunidad autónoma está relacionado con el reto demográfico, lo que representa el 3,6 % del producto interior bruto (PIB) de la comunidad autónoma. «Si tenemos en cuenta que algunos grupos y plataformas plantean destinar a la lucha contra la despoblación el 1 % del PIB, en Castilla-La Mancha lo estamos multiplicando casi por cuatro», ha asegurado el vicepresidente regional.
Ha explicado que del total de 1.714 millones, 588 están directamente relacionados con la estrategia frente al reto demográfico y el resto, 1.126 millones, son otras actuaciones relacionadas fundamentalmente con el mantenimiento de los servicios públicos en esas zonas, como la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte de viajeros o la incentivación a las empresas que allí se instalen.
Se incluyen asimismo las desgravaciones fiscales por ese concepto que, para el 2022, ascienden a 23,6 millones de euros, que corresponden a 60.000 contribuyentes. Martínez Guijarro ha destacado que Castilla-La Mancha sea la primera comunidad autónoma en España y en Europa en incluir una memoria de impacto demográfico en la principal ley anual que es la de presupuestos.
En relación con otro campo de actuación de la Vicepresidencia, se ha referido a la coordinación y ejecución de los fondos de recuperación europeos Next Generation, y en ese sentido ha indicado que se hace un seguimiento de los fondos asignados a la comunidad autónoma por parte de los ministerios y se ayuda a las empresas a preparar las solicitudes para acogerse a las convocatorias.
Otra área es la de políticas de memoria democrática que, ha señalado Martínez Guijarro, se ejecutan a través de un acuerdo marco con la Universidad de Castilla-La Mancha para realizar las actuaciones principales de investigación, proyectos de exhumación y dignificación de los lugares de enterramientos, la promoción de la investigación científica en materia de memoria democrática y la incorporación al currículo educativo y académico.
Y en relación con la transparencia y el buen gobierno, ha mencionado la firma de un convenio con la UCLM para la puesta en marcha de la Cátedra de Gobierno Abierto, la primera de estas características en el ámbito regional y de las pocas existentes en el ámbito nacional, para realizar acciones conjuntas de formación, concienciación, desarrollo, investigación y divulgación científica en transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno.
El diputado del Partido Popular Miguel Ángel Rodríguez ha manifestado que son unos presupuestos que no les gustan y por ello presentaron una enmienda a la totalidad que se sustentó en que se había elaborado partiendo de unas previsiones económicas erróneas, ya que prevén ingresar mil millones de euros más que en el ejercicio anterior y eso el PP no lo ve factible.
Ha añadido que tampoco incluye peticiones de los populares como un plan de rescate para el tercer sector o la carrera sanitaria. Rodríguez ha señalado también que se repiten partidas sin saber si han servido para algo en el 2022 y ha considerado que el porcentaje de ejecución de los fondos Next Generation es baja, «no sabemos si es que no están llegando a la economía real» ni cual ha sido su impacto, ha dicho el diputado popular, quien también ha indicado que el presupuesto parte de unas previsiones iniciales que luego se modifican al alza por la puerta de atrás.
Por su parte, la portavoz del grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, ha asegurado que el PP no le gustan estos presupuestos porque no tienen nada que ver con los suyos cuando gobernaban. Ha destacado como prioridades de estas cuentas promover la actividad económica, proteger a los vulnerables, blindar los servicios públicos y dar respuesta al reto demográfico.
El diputado del grupo de Ciudadanos David Muñoz ha hecho algunas consideraciones destinadas a optimizar el proyecto de ley de presupuestos, a lo que el vicepresidente regional ha contestado que aceptarán aquellas enmiendas que supongan una mejora, al tiempo que ha planteado diversas cuestiones relacionadas con la creación de un Consejo de transparencia, con el buen gobierno y con los presupuestos participativos, así como ha pedido mayor concreción en el destino del dinero dedicado a las zonas con problemas de despoblación.
En su segundo turno de intervención, el vicepresidente ha precisado que el aumento del presupuesto de la Radiotelevisión regional se debe al pago de las sentencias por el IVA de los años 2012, 2013 y 2014, un total de 15 millones de euros.
