El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha asumido este martes el compromiso de realizar todas las actuaciones procesales necesarias para dar por concluido el recurso que interpuso ante la Audiencia Nacional para reclamar al Estado una deuda de 135 millones de euros por el pago de la mensualidad del IVA de 2017, toda vez que el Ejecutivo central se ha comprometido a hacer líquido «en las próximas semanas» ese dinero a través de la correspondiente Orden ministerial.
Así lo ha expresado en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha explicado que el Gobierno castellanomanchego, que remitirá ese acuerdo al Ministerio de Hacienda, tenía una deuda desde 2017 a consecuencia de una decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de modificar el reglamento del IVA sin tener en cuenta las modificaciones en las finanzas de las comunidades autónomas de esa decisión.
Aunque la región reclamaba al Gobierno de la nación 135 millones de euros, el Estado ha estimado que la compensación asciende a 136,6 millones de euros, a los que hay que sumar unos intereses de demora de 7 millones de euros, según ha comunicado el Gobierno por carta a la región, por lo que la cifra que obtendrá Castilla-La Mancha se acerca a los 143 millones de euros, lo que «satisface» a la Comunidad Autónoma, según ha especificado el consejero.
Ruiz Molina ha recordado que ya se le advirtió al Gobierno en su momento de las repercusiones financieras que tendría esta decisión, echando de menos, ha dicho, «alguna crítica del PP a las decisiones que adoptó su gobierno con todo el conjunto de la Comunidad Autónoma», a diferencia del actual Ejecutivo regional, que ha criticado «las malas decisiones» de cualquier Gobierno de la nación, con independencia del color político que tuviera en cada momento, si perjudica a los intereses de Castilla-La Mancha.