La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales del Gobierno castellanomanchego, Guadalupe Martín, ha informado este viernes en comisión parlamentaria que en estos momentos el sistema de ayudas sociales en Castilla-La Mancha cubre más de 37.500 prestaciones.
En concreto, la viceconsejera ha desgranado que, a fecha 31 de enero, 12.182 personas reciben en la región el Ingreso Mínimo Vital (IMV), mientras que el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) cuenta con 800 beneficiarios actualmente y las ayudas de emergencia social, con 6.900 beneficiarios a 31 de diciembre de 2021.
Las de pobreza energética superan las 3.650 ayudas a fecha 31 de diciembre de 2021 y las ayudas a familias numerosas beneficiaron a 13.973 perceptores en 2021, ha explicado.
Ha recordado que el sistema general ha sido modificado de manera fundamental por la aparición del Ingreso Mínimo Vital (IMV), un instrumento creado «para garantizar la igualdad de oportunidades», ha celebrado.
Por otra parte, y ante la aparición del IMV como renta periódica, el Gobierno regional ha llegado a los 9,7 millones de euros con las ayudas de emergencia social para beneficiar a 6.868 personas en 2021, «lo que significa que el presupuesto de 2021 ha crecido un 191 por ciento con respecto a 2020», ha apuntado Guadalupe Martín.
Asimismo, ha apuntado que el Plan de Pobreza Energética ha beneficiado desde su implantación, en 2016, a un total de 122.427 personas, de los cuales 57.236 son menores.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
De su lado, el diputado de Ciudadanos David Muñoz Zapata ha dicho que la reducción que ha tenido el presupuesto para el Ingreso Mínimo de Solidaridad a lo largo de estas últimas convocatorias «es demasiado alto» y, a su juicio, cree que debe de ser explicado.
Dicho esto, ha pedido al Gobierno regional que no intente utilizar el Ingreso Mínimo Vital para «ahorrarse dinero» en el Ingreso Mínimo de Solidaridad. Asimismo, desde Ciudadanos también ha exigido que haya menos «maltrato» burocrático a las personas en riesgo de exclusión social, «menos ventanillas», menos tipologías de ayudas, así como «más claridad y una mayor coordinación» del sistema.
Desde el PP, su diputado Vicente Aroca ha afirmado que es un «auténtico despropósito y una vergüenza» que la región, con el PSOE en el Gobierno, sea «la última en cobertura de prestaciones económicas sociales». Es por ello que le ha pedido que cambie sus políticas y se deje de «autobombo».
También ha solicitado al Ejecutivo regional que cubra las necesidades reales de la gente más vulnerable, dote suficientemente las partidas presupuestarias de prestaciones económicas sociales, haga las convocatorias «en tiempo y en forma» con el presupuesto que es necesario, resuelva las solicitudes de manera urgente, flexibilice las condiciones de acceso a las convocatorias y haga políticas económicas y de oportunidades laborales atractivas «para que quienes crean empleo, lo puedan hacer».
Por último, el diputado del PSOE Iván Rodrigo ha asegurado que el IMV permite asegurar a todas las familias un nivel de rentas razonable con independencia del lugar de residencia y ofrece una protección frente a la pobreza. «Es el principal instrumento creado para garantizar la igualdad de oportunidades y es un sistema de garantías de ingresos que mirar a la unidad familiar y no sólo al individuo», ha recalcado.
Según ha defendido, «una sociedad avanzada debe apoyar a las personas que se encuentran en pobreza económica». «Si la pobreza no se aborda, la dificultad social se incrementa y deriva en situaciones de exclusión social», ha advertido.
