El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, se ha mostrado confiado en que la ley contra la ocupación de viviendas aprobada en el Parlamento castellanomanchego y derivada al Gobierno de España para su tramitación pueda ser tomada en consideración en un corto espacio de tiempo.
A preguntas de los medios tras una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de la Memoria de la Fiscalía de 2022, Fernández ha dicho al respecto del problema de la ocupación en la Comunidad Autónoma que la mayoría se producen en zonas de Toledo y Guadalajara, y por norma general no se producen en viviendas de particulares.
Tras recordar que la legislación actual ya garantiza de forma suficiente a los titulares de las viviendas ocupadas que el desalojo de los ocupantes pueda realizarse por la vía rápida, ha incidido en que esta problemática afecta principalmente a viviendas «de entidades bancarias o de fondos de inversión».
«La actuación de la jurisdicción es rápida y hay desalojo inmediato de los ocupantes, y hay un movimiento legislativo en ciernes, auspiciado en parte por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que parece que va a ser tomada en consideración», ha vaticinado.
